El protector, Julio Castillo
En los orígenes de lo que hoy conocemos como la Mafia Siciliana (la mafia) está la industria de la protección (Gambetta, 2010). Con su presencia los contratos, pagos y cobros de dinero estaban garantizados. La mafia sustituyó la ausencia de Estado de derecho en la isla sureña de Italia. Claro que los servicios de protección no siempre (o nunca) se efectuaban en el marco de la libertad de elección de las partes involucradas. En general, los sujetos protegidos estaban obligados a comprar los servicios que la mafia les ofrecía. El negocio estaba allí. Una vez generada la necesidad y obligación de recibir “protección”, se constituía la demanda y la idea de que sin la mafia no es posible hacer negocios. Salvatore Lupo (2016) dice que es la mafia la que crea la inseguridad de la que se beneficia. El precio de la póliza de seguridad aumenta a medida que se “convence” a los clientes de suscribir al seguro. En ciertos pueblos, el empresariado y la clase trabajadora no podían transar en el mercado sin el conocimiento y la protección de la mafia. El negocio de la protección generó su demanda y tenía cautiva a la población.
Con la propagación de diversas organizaciones delictivas ante el olvido, la inoperancia y la corrupción instalada en algunos sectores del Estado, aumentó la compra de la protección de la mafia. Así, la protección se institucionalizó y se transformó en una actividad económica ilegal fundamental para el desarrollo del mercado legal. Sí, la ilegalidad permitió el desarrollo del capitalismo.
Esta breve descripción de la genealogía de la mafia sirve para ejemplificar que los grupos delictivos, pero también ciertas jurisdicciones, se vuelven especialistas en servicios y mercancías ilegales. Los ejemplos evidentes están relacionados con la geoeconomía de las drogas ilícitas, puntualmente con los cultivos de drogas naturales. Básicamente, la mayor producción de hoja de coca proviene de la región andina. Prácticamente todo el opio ilegal de consumo mundial se origina en Afganistán, Myanmar y México, y hay plantaciones de adormidera legal en, mayormente, España, Australia, Turquía, Francia e India. Estados Unidos, hundido en una crisis de fentanilo sin precedentes, tiene grupos delictivos especialistas en la importación y distribución doméstica de las drogas ilegales.
En este marco cabe preguntarse por la especialidad uruguaya en el concierto internacional del crimen organizado. Escarbando, la jurisdicción no se ha destacado por brindar servicios o mercancías ilegales. Su distinción ha sido la legalidad al servicio de la ilegalidad, aunque una vez consumada esta conexión ya no parece ser posible hablar de estas dos cosas por separado.
La arquitectura financiera flexible y abierta al flujo de capitales internacionales de las últimas tres décadas del siglo XX ha sido el servicio que el país ofreció a la división internacional del trabajo del crimen organizado. Ramón Díaz, uno de los principales intelectuales del liberalismo uruguayo y presidente de la sociedad Mont Pelerin entre 1998-2000, sostenía que las economías pequeñas, del tercer mundo, con una industria incipiente y escasos recursos naturales valorados en el mercado mundial, tenían que abrir sus economías para recibir activos extranjeros y, así, “arreglar” sus problemas internos (Díaz, 1985). Eso fue lo que hizo Uruguay al brindar facilidades y cobijo al capital internacional sin reparar que el dinero sucio se infiltra en la circulación del capital legal.
¿Cuáles son las señales de lo que se viene diciendo? Son muchas, muchísimas. Una probadita de ellas puede detallarse así: alta dolarización de la banca nacional, alto ingreso de dólares respecto de los que salen del país, proliferación de casas de cambio de divisas en todo el país, facilidad para cambiar dólares en la plaza de cambios de divisas, casinos y salas de juego del Estado o arrendadas por éste, secretismo y cerrojos (bancario, tributario y profesional), la figura del testaferro, la no regulación del delito de enriquecimiento ilícito, la libertad de circulación de algunos metales preciosos, las zonas libres de impuestos, las sociedades anónimas financieras de inversión (SAFI), las instituciones financieras externas (banca offshore), el desconocimiento sobre la financiación de los partidos políticos, los escasos guarismos de detección del delito de lavado de activos (no me refiero a los delitos precedente) y un largo etcétera. Estos y otros ladrillos constituyen la libertad económica que Uruguay ofrece al mundo. Ello -y también otros- configuran la protección del capital sin miramientos. Cada uno tiene su genealogía, desarrollarla aquí es una tarea imposible (2).
Lo que se viene narrando es reconocido por el Instituto Fraser de Canadá, un think tank que sostiene que el aumento de la libertad económica está directamente asociado al incremento de los ingresos por habitante de cualquier país. La libertad económica permitiría limitar la pobreza y la indigencia, entre otros problemas económicos y sociales. Promueve reducir el tamaño del Estado, bajar las tasas impositivas y los aranceles comerciales, respetar el derecho a la propiedad, lograr estabilidad monetaria, facilitar el acceso a los servicios de cambio de divisas y tener libertad comercial sin interferencia estatal. Para esta organización liberal, Uruguay se ubicó en el segundo cuartil de países con mayor libertad económica en 2018 con el puntaje de 7,16 en una escala del 0 al 10. Entre 1980 y 2016 el puntaje del país varió de 6,33 a 7,39 puntos. Como referencia, ténganse en cuenta que en 2018 el ranking lo lideraron Honk Kong (8,97), Singapur (8,84), Nueva Zelanda (8,49) y Suiza (8,39). Chile fue el primer país latinoamericano, en el puesto 15, con un puntaje de 7,80. El informe resalta que el país se posiciona muy bien en el indicador de libertad comercial, particularmente en el subindicador de ausencia de controles de capitales (Gwartney et al., 2018; Fraser Institute y Centro de Estudios para el Desarrollo, 2018).
Ahora bien, el sistema financiero no se pone en funcionamiento con solo su arquitectura normativa, necesita de “protectores del capital” para ponerlo en marcha. Los protectores son un conjunto heterogéneo de expertos –conocedores de la legislación y de las estrategias legales e ilegales para alcanzar los fines para los cuales fueron contratados– que actúan como intermediarios entre lo público y lo privado. Los protectores del capital están conformados por profesiones tradicionales históricamente vinculadas a la clase dirigente (escribanos, abogados y contadores), propietarios de casas de cambio, constructores, agentes inmobiliarios y rematadores, entre los principales. Estas profesiones y ocupaciones se nuclean en colectivos de protección: estudio/firma/bufete, empresas, asociaciones y colegios de profesionales que actúan corporativamente. De ahí que los protectores del capital tengan un habitus (Bourdieu, 2001) de profesión relacionado, claro está, con la clase social; o sea, un sistema de disposiciones e intereses constitutivos de determinadas profesiones/ocupaciones en la estructura socioeconómica.
Los protectores del capital no son un bloque homogéneo, se diferencian entre sí de acuerdo a las redes de confianza que tienen con personas con poder de decisión, el nivel de acceso a información privilegiada, los vínculos o el lugar que ocupan en las relaciones de poder. Siguiendo a Flores (2019), los protectores del capital forman parte de los circuitos institucionales para proteger los tráficos de mercancías ilegales y permitir la integración de capitales ilícitos en la economía formal.
No es menor advertir que los protectores del capital pueden prestar servicios profesionales a criminales en el marco de las posibilidades que ofrece la ley. Dejando a un lado la ética y las ideas de justicia y legitimidad, el dinero es neutral, no tiene rostro, ni tampoco está manchado de sangre. Racionalizan la disociación entre su accionar delictivo y el de, por ejemplo, las muertes que causan los grupos delictivos organizados del tráfico de drogas o las afrentas a la democracia por parte de la corrupción de autoridades de gobierno a pesar de contribuir a ellas (3).
Las redes de protección de lo que se denomina el “caso Marset” y de lo que se llama el “caso Astesiano” ilustran con precisión las maniobras de los protectores del capital de la función pública y privada. También parece evidenciarlo el silencio de la participación uruguaya en el Lava Jato, de sus especialistas y la especialidad oriental. Son las investigaciones judiciales de Andorra, Panamá, y Perú las que levantaron sospechas en el comportamiento de profesionales nacionales, pero en Uruguay nadie se ha animado a investigar lo que seguramente es la red de protección delictiva de cuello blanco más importante en América Latina de lo que va del siglo XXI. Empero, estos casos de corrupción, lavado de dinero, desviación de fondos, asociación para delinquir, falsificación de documentos y otros delitos más no agotan el alcance internacional de la especialidad financiera uruguaya.
La expertise oriental tiene fama internacional, así lo evidencian tres escándalos financieros recientes: Panamá Papers, Swiss Leaks y Bahamas Leaks (4). Es importante aclarar que las personas y empresas señaladas no están directamente implicadas en alguna maniobra ilegal por el solo hecho de ser mencionadas. El hecho de operar en jurisdicciones financieras flexibles y/o paraísos fiscales no es ilegal, aunque puede generar dudas legales y éticas.
Siguiendo el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIPI), en los Panamá Papers se filtraron más de 11 millones de archivos entre los años 1977 y 2015 del estudio panameño Mossack Fonseca & Co. (en adelante Mossack Fonseca). La investigación de CIPI en 2016 demostró que Uruguay estaba en la séptima posición en el total de jurisdicciones con compañías offshore (5174 compañías) (5) y entre los diez primeros países con mayores clientes (298 clientes) (6) del estudio panameño (7). Los datos no dejan lugar a dudas sobre la significativa participación de los protectores del capital uruguayo en las maniobras de Mossack Fonseca.
En segundo lugar, Swiss Leaks filtró más de 60.000 archivos de más de 130.000 cuentas de clientes del banco HSBC de Ginebra que buscaban evitar el fisco de sus países. Los documentos fueron extraídos por Herve Falciani entre 2006 y 2008, un exempleado del banco. En el caso fueron hallados 788 clientes uruguayos con 810 cuentas abiertas entre los años 1994 y 2006. Uruguay ocupa el puesto 26 entre 103 países con mayor cantidad de clientes en el banco suizo. El 20 % de las cuentas estaban a nombre de personas con pasaporte nacional, y en el restante 80 % figuraban los nombres de los protectores del capital como representantes de terceros (8). La pregunta que inmediatamente viene a la mente es cómo un país cuantitativamente pequeño como Uruguay, con una clase alta limitada en comparación con los países de la región –ni que hablar de Europa y las naciones anglosajonas–, forma parte del 25 % de los países con mayores clientes del HSBC de Ginebra. La respuesta solamente puede encontrarse en los protectores del capital y la arquitectura financiera nacional. Por este caso, la Dirección General Impositiva (DGI) reliquidó los tributos de los evasores uruguayos por un monto superior a los 40 millones de dólares.
En tercer lugar, en Bahamas Leaks se filtraron más de 1.300.000 documentos de compañías, fondos y fundaciones donde se hallaron 175.888 sociedades offshore registradas entre 1990 y 2016. Entre otras figuras públicas vinculadas a la filtración estaban la familia Pinochet (Augusto y su hijo Marco Antonio), de Chile, y las familias Macri (Franco y sus hijos Mauricio y Mariano) y De la Rúa (Antonio y Aíto, los hijos del expresidente Fernando) en Argentina (9). En principio, la participación de Uruguay se limita a dos sociedades anónimas: Exxon Mobil Uruguay Upstream Limited y Seaboard Uruguay Holding Limited (10).
En estos tres casos se observa con claridad ciertos patrones que ubican a Uruguay, su arquitectura normativa financiera y sus protectores de capital en el rodeo internacional de la circulación del capital de celebridades, grandes empresas y organizaciones. Los ejemplos no se agotan aquí. La era menemista conoció de cerca la expertise oriental, como también lo hizo hace unos años Jorge Horacio Messi, padre del reconocido jugador argentino de fútbol, con el estudio Abreu & Asociados (Abreu & Ferrés, Abreu, Abreu & Ferrés) para eludir el fisco español con los ingresos por derechos de imagen del futbolista. La lista de personas y organizaciones criminales también es larga, desde grupos delictivos brasileros, colombianos y mexicanos de envergadura transnacional hasta ciudadanos italianos, israelíes y serbios de grandes organizaciones del tráfico de las drogas ilegales.
Para terminar, se podría decir que el protector del capital forma parte de una estructura legal donde no domina nadie. Hannah Arend (2021) decía que el más formidable tipo de dominación es la burocracia ya que ningún hombre -ya sea el mejor, algunos o la mayoría- son responsables. El aparato burocrático impide señalar a los enemigos y castigar a los culpables. Esto parece aplicable al protector del capital, una figura clave en la burocracia financiera y judicial, quien echa a andar la especialidad nacional. Una figura social difícil de identificar, que cuenta con su propia red de protección e información. Es profundo conocedor del funcionamiento del dominio de los nadie, sabe a la perfección que las vigilancias y los castigos se distribuyen de forma tal que difícilmente será detectado y, si lo es, la fenomenología de la llamada dosimetría penal está a su favor.
Evidenciar la relación funcional entre procesos legales e ilegales, y cómo circula el capital entre esos procesos (Baratta, 2013) y las esferas de la polìtica, la economía y las fuerzas de seguridad pública es una tarea sustancial para desentrañar a los protectores del capital y, lo que es más importante aún, la especialidad uruguaya de su sistema financiero. Una sociedad (no anónima) que encare esta empresa permitirá mostrar que si los delitos de cuello blanco no forman parte de la población criminal, en el imaginario social y en los hechos, es gracias a la orientación hegemónica e histórica de la política penal y criminal.
* Gabriel Tenenbaum es Doctor en Ciencias Sociales.
Notas
1. Algunos extractos de este artículo fueron publicados en: a) Tenenbaum, Gabriel (2022) Los protectores del capital. Las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero en Uruguay. Debate. Montevideo. b) Tenenbaum, Gabriel (2022) “Los protectores del capital en la división del trabajo criminal. En: Derechos Humanos en Uruguay. Informe anual 2022. Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ). Montevideo.
2. Para profundizar en la construcción del sistema financiero uruguayo véase: Tenenbaum, Gabriel (2022) Los protectores del capital. Las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero en Uruguay. Debate. Montevideo.
3. Para ahondar en la figura del protector del capital puede leerse: Tenenbaum, Gabriel (2022) “Los protectores del capital en la división del trabajo criminal. En: Derechos Humanos en Uruguay. Informe anual 2022. Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ). Montevideo.
4. Otros casos son: Paradise Papers, Offshore Leaks, Footnall Leaks, Luxemburgo Leaks, etc.
5. El País, “Lo que sabemos hasta ahora de los papeles Panamá”, 7 de abril de 2016. https://www.elpais.com.uy/informacion/lo-que-sabemos-hasta-ahora-de-los-papeles-de-panama
Acceso: 14/05/2023.
6. En su mayoría son intermediarios bancarios, entidades financieras y estudios de abogados.
7. Búsqueda, sin autor, “Documentos internos de la firma panameña Mossack Fonseca muestran a Uruguay como un socio clave en el mundo de las compañías offshore”, 7 de abril de 2016. https://www.busqueda.com.uy/Secciones/Documentos-internos-de-la-firma-panamena-Mossack-Fonseca-muestran-a-Uruguay-como-un-socio-clave-en-el-mundo-de-las-companias-offshore-uc24784
Acceso: 14/05/2023.
8. El País, sin autor, “Divulgaron datos de 175.000 sociedades offshore en Bahamas”, 22 de setiembre de 2016.
Acceso: 14/05/2023.
9. La República, sin autor, “Bahamas Leaks, la nueva filtración de paraísos fiscales tras los Panamá Papers”, 22 de setiembre de 2016.
Acceso: 14/05/2023.
International Consortium of Investigative Journalists. Offshore Leaks Database. Uruguay.
Acceso: 14/05/2023.
Bibliografía
Arend, Hannah. (2021) Sobre la violencia. Alianza Editorial. Madrid.
Baratta, Alessandro. (2013). Criminología crítica y crítica del derecho penal. Siglo XXI. Ciudad de México.
Bourdieu, Pierre (2001). Poder, derecho y clases sociales. Desclée de Brower: Bilbao.
Díaz, Ramón (1985). “País pequeño debe ser país abierto: análisis de la estrategia de desarrollo óptima para el Uruguay”. En: Charles Gillespie, Louis Goodman, Juan Rial y Peter Winn (compiladores), Uruguay y la democracia. Tomo II. Ediciones de la Banda Oriental: Montevideo.
Flores, Carlos (2019). Contrabando, tráfico de drogas y la configuración de circuitos institucionales para su protección en México. Revista de Estudios en Seguridad Internacional, 5(1), 37-58.
Gambetta, Diego (2010). La Mafia Siciliana. El negocio de la protección privada. Fondo de Cultura Económica: México.
Gwartney, James; Lawson, Robert; Hall, Joshua; Murphy, Ryan (2018). Economic Freedom of the World: 2018. Annual Report. Fraser Institute: Canadá.
Fraser Institute y Centro de Estudios para el Desarrollo (2018). Libertad económica en Uruguay 2018. Informe. Uruguay.
Lupo, Salvatore (2016). Historia de la mafia. Desde sus orígenes hasta nuestros días. Fondo de Cultura Económica y Gandhi ediciones: Ciudad de México.
Tenenbaum, Gabriel (2022) Los protectores del capital. Las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero en Uruguay. Debate. Montevideo.
Tenenbaum, Gabriel (2022) “Los protectores del capital en la división del trabajo criminal. En: Derechos Humanos en Uruguay. Informe anual 2022. Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ). Montevideo.