Ilustración: Natalia Acosta
I. Objetivos de la Política económica.
La política económica de la coalición de derecha está enfocada a la recuperación de la competitividad del sector empresarial, en particular del sector concentrado y/o exportador.
Un segundo objetivo es reducir el tamaño del Estado tanto desde el punto de vista cuantitativo, como desde la perspectiva cualitativa de sus funciones de productor de bienes y servicios o de regulador de áreas claves de la economía.
Un tercer objetivo es crear condiciones de regulación y de rentabilidad para el acceso del capital privado a funciones que hasta hoy están en manos públicas. Como mostrare más adelante educación, vivienda y energía son ejemplos de esta perspectiva de análisis.
II. Los ejes de la Política Económica: la política macro.
Un primer componente para la recuperación de la competitividad se refiere a las decisiones tomadas en matera de la evolución de las variables macroeconómicas.
La piedra angular de esta política es la rebaja salarial que se propone para el sector privado de la economía. Dicha rebaja ya está operativa en 2020, continuara en 2021 y se propone una recuperación gradual hasta el final del período.
Ello significa que, en el período de caída del PBI, los salarios caerán y que en el período de recuperación del crecimiento (que seguramente compensará la caída y permitirá niveles superiores de riqueza) tan solo se puede aspirar (sin certezas) a volver al nivel inicial. Al final haremos una estimación de este impacto que podemos llamar de socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias.
Al mismo tiempo se propone dejar crecer el tipo de cambio (49% de crecimiento es la estimación de los 5 años) de manera de que los salarios, las tarifas y otros insumos nacionales reduzcan sus costos en dólares a lo largo de los años. Es una visión tradicional de la competitividad basadas en la dupla salarios/dólar,
Es decir, si miramos en conjunto la evolución de precios (salario, precios nacionales y dólares) vemos un proceso distributivo ya que recordemos que la inflación es básicamente un mecanismo de redistribución de ingresos, complementario del que se genera en el propio proceso de producción
El gráfico 1 nos muestra esta situación.
Este esquema de precios mirado en proceso y punta a punta tiene tres esquemas de redistribución. Entre los trabajadores y el capital debido a un proceso de transferencia año año de ingresos. En segundo lugar, de las empresas que trabajan en el mercado interior y venden en pesos respecto al capital exportador. En tercer lugar, lo que no muestra el gráfico ya que hay una sola línea de precios, entre empresas cuyos precios crecen por encima de la media respecto a las que crecen por debajo. En general esto se da en las empresas oligopólicas en mercados de productos básicos donde el remarque de precios y las tasas de ganancia son dispares entre competidores.
Esta es una nota de análisis de la política económica y se basa en las medidas implementadas, pero sobre este tema del salario vale recordar lo que dice el compromiso de la coalición de la derecha. “Defender el poder de compra de los salarios y en particular de los salarios más sumergidos”1
III. Los ejes de la Política económica: El presupuesto Nacional. (I)
Un segundo eje se articula en el presupuesto nacional.
En primer lugar, es un presupuesto de achique del tamaño del Estado, reduciendo el peso del gasto público primario en el PBI de 30,5 en 2019 a 28,1% en 2024. Ello significa para 2024 (si se mantuviera el mismo peso que 2019 y con las proyecciones del propio presupuesto) una reducción para ese año 2024 de 1.383 millones de dólares.
En segundo lugar, es un presupuesto que da posibilidades de achicar a lo largo de los próximos años, a través de una norma que habilita (artículos 7 y 6 del presupuesto) ejecutar por debajo de lo aprobado en gastos de funcionamiento e inversiones y que para esos mismos gastos da la chance de ajustarlos año a año por debajo de la inflación. Para dar una idea de volumen, con un tope de ejecución similar al decreto 90/20 de 15% y un ajuste promedio por la mitad de la inflación (descontadas las excepciones que cada artículo tiene) el ahorro adicional puede ser en 2024 de 450 millones de dólares, ósea llegar a 2024 con un orden de 1.800 millones de dólares menos que en 2019 en relación con su participación en el PBI.
En tercer lugar, en coherencia con la política salarial privada el presupuesto sustenta su reducción en primer plano en la reducción de la masa salarial que, en términos de la relación gasto sobre PBI explica la cuarta parte de la caída de dicho ratio. Esta reducción es una combinación de una rebaja salarial muy fuerte de arranque (ajuste 0 en 2021 por sobre el correctivo 2020) y medidas en el plano de la dotación de funcionarios con un sistema limitado de reposición de vacantes y un régimen discrecional de declaración de excedencias.
En cuarto lugar, el presupuesto reduce el el peso del gasto en servicios sociales de acceso universal, en particular son afectados en esta lógica ANEP, UDELAR, ASSE y el Fondo Nacional de Vivienda.
Su participación en el PBI desde 2019 a 2024 baja según se ve en el gráfico 2, asumiendo que sus salarios crecerán de acuerdo con la hoy inexistente pauta salarial (entregada en el consejo de salarios público) y los gastos de funcionamiento e inversiones se ajustan por inflación. Más de un punto en relación al PBI la suma de estos 4 incisos.
El criterio de reducir el peso del Estado, se lo hace con un criterio “neutro” similar al aplicado ya para el año 2020 (decreto 90/20) en las que las reducciones tienen una base porcentual común sin diferenciar el carácter estratégico de los gastos y sus impactos sobre la economía y la sociedad.
IV. Los ejes de la Política económica: El presupuesto Nacional. (II)
La otra perspectiva que tiene el diseño del presupuesto es la flexibilidad de regulaciones que permiten un mayor acceso del capital privado a las áreas de políticas públicas.
Dos ejemplos de ellos son, entre otros, vivienda y energía.
En el caso de la vivienda podemos incluir en el análisis los siguientes ítems.
En primer lugar, el análisis de los datos del plan quinquenal muestra que se produce una importante reestructura dentro del programa “Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional”, el cual concentra la mayor parte del gasto en materia de vivienda. Se observa particularmente a partir del año 2023 una fuerte disminución del programa “Nuevas soluciones urbano-habitacionales” y la aparición del programa “Créditos para vivienda con garantía subsidiaria del Estado”.
A esto le sumamos la propuesta de fideicomisos que según declaraciones de las autoridades del Ministerio formarán parte de la política de vivienda en el quinquenio y que se autorizan en el artículo 444 del presupuesto.
Y esto lleva a la existencia de una tendencia a la reducción de fondos públicos y su sustitución por fondos o créditos privados con la consiguiente mercantilización del proceso de inversión en vivienda.
Esta incorporación del capital inmobiliario y sus ganancias en los planes de vivienda público. tiene al menos dos consecuencias visibles. La primera es la introducción de la tasa de ganancia privada en la toma de decisiones de la inversión y la asignación de la vivienda. La segunda que está en la propia ley de presupuesto y es que se limita el subsidio (por ejemplo en la cuota de amortización) al 30% cuando hoy puede llegar al 100% y ello tendrá efectos sobre el acceso y la permanencia en la vivienda.
En el caso de la energía, luego del frustrado intento en la LUC de desmonopolizar en mercado de combustibles se propone avanzar por medio de medidas parciales, Tres se incluyen en este presupuesto:
La eliminación del monopolio en puertos
La eliminación del monopolio en aeropuertos
La posibilidad de que ANCAP arriende su infraestructura a privados.
En segundo lugar, el artículo 436 del proyecto de Ley de presupuesto elimina las limitaciones actuales para los barrios privados, al sacar los máximos de 20000 m2 para urbanización en Propiedad Horizontal y se deja librado a la discrecionalidad en la interpretación de cuándo se corta o no la continuidad de la trama.
Y es claro que en la perspectiva de uso democrático de los espacios públicos que la ciudad tenga sectores con calles y espacios libres en propiedad privada, sin duda es un gran retroceso social que afectará la convivencia.
Ello potencia y consolida la fragmentación con terribles consecuencias, basta ver las ciudades de América Latina que han crecido en base a desarrollos privados cerrados o semi cerrados. Esto se suma a un conjunto de normas que veremos en punto siguiente de promoción de beneficios al capital inmobiliario.
V. La promoción de capital privado. (I)
A lo largo del año 2020 se han desarrollado cambios de flexibilidad en los beneficios de los inversores en general y en particular en el caso de la vivienda.
En el caso de la ley de inversiones tenemos varios cambios en esa línea.
En primer lugar, en el aspecto del tiempo de la inversión se definió que:
Son computables las ejecutadas a partir del inicio del ejercicio de presentación de la solicitud o en los 6 meses anteriores al primer día del mes de presentación.
Se elimina el tope del 20% de las inversiones ejecutadas sobre el total de la inversión elegible y además se permite sin límites solicitar inversiones complementarias en el futuro.
Se pueden presentar inversiones por un plazo máximo de 10 ejercicios (anteriormente eran 5 años)
Otro cambio de flexibilidad es que se aumenta de 10 a 20% el margen de tolerancia respecto a la obtención del puntaje proyectado. Es decir, se pueden tener hasta 20% menos de los resultados por los que se dio el beneficio.
En cuanto a las exoneraciones de IRAE propiamente dicha se podrá llegar hasta el 90% del impuesto a pagar, /hasta hoy no podía exceder del 60% del impuesto a pagar o el 80% si eran empresas nuevas).
Otro elemento de cambio en sentido inverso es que hasta ahora las micro y pequeñas empresas tenían un 20% de beneficio adicional y ahora ello se reduce a 10%.
En el caso de la promoción de la inversión privada en vivienda las nuevas normas que flexibilizan el acceso a las exoneraciones tributarias incluyen:
la promoción de monoambientes y la eliminación del mínimo de viviendas de 1 dormitorio.
La eliminación del máximo de 100 viviendas que hasta ahora requería excepcionalidad.
La ampliación de la devolución del IVA compras de los costos directos de obra, hasta dos años luego de finalizadas las obras.
La eliminación los precios máximos de venta y la obligación de comprometer viviendas para ser comercializadas por el Ministerio de Vivienda.
La eliminación de la exoneración diferencial de renta por alquileres primeros y segundos inversores. (las últimas dos exceptúan las viviendas en la costa de Montevideo)
VI. La promoción del capital privado (II): Las normas de la Ley de Urgente Consideración (LUC)
Otro punto en que aparecen varias propuestas de reforma de la política económica es en la LUC.
Aquí tenemos, como comentamos más arriba en la ley de presupuesto, un núcleo central del diseño de la futura política presupuestal que es la regla fiscal. Los artículos 208 a 211 de la ley fijan normas rígidas de desarrollo presupuestal (yo no solo asociados hasta ahora al tope de endeudamiento) sino fijando un máximo de gasto en relación con el propio PBI.
De hecho, esta norma incidió en el volumen presupuestal y es la variable central para el uso futuro de los artículos 6 y7 analizados anteriormente.
Un segundo aspecto se refiere a proceso de reducción de regulaciones estatales que abren camino al desarrollo directo o indirecto de capital privado.
La educación es un claro ejemplo de ello derogando el sistema de e educación pública y sustituyéndolo por el sistema de educación, también el mecanismo propietarista del arrendamiento, las reducciones de la regulaciones públicas en el régimen de colonización, la liberalización del sistema de inclusión financiera tanto en salarios como en transacciones financieras, entre otros mecanismos de retiro de roles del Estado.
La LUC tenía originalmente medidas desestatizadoras en ANETEL y ANCAP que fueron quitadas. Sin embargo, como hemos dicho en la ley de presupuesto y en la práctica cotidiana en el caso de ANCAP y en la ley de medios en el caso de ANTEL, vuelven.
Y al mismo tiempo cuando analizamos los propios fundamentos de la LUC, de la ley de presupuesto, los instructivos presupuestales de las empresas públicas y las orientaciones prevalecientes en sus directorios hay una notoria visión empresarial y mercantil de las empresas, una reducción de su media de los fines sociales y una decisión en el propio presupuesto de que los planes de las empresas deben sustentarse en una tasa de retorno mínima equivalente al rendimiento de la deuda pública uruguaya.
VII. Una síntesis: Política económica y transferencia de ingresos.
A lo largo de estos 5 años se propone consolidar las dos grandes tendencias de la que hablamos al comienzo, es decir recuperar la ganancia del capital y reducir los niveles de regulación y acción pública.
Quería cerrar con un gráfico en que, tomando como base el cumplimiento de las metas proyectadas en el informe económico financiero del presupuesto, analicemos como será el reparto global que tendrá la clase trabajadora en este período.
Dicho gráfico, como dije, se sustenta en las siguientes bases que muestra el cuadro siguiente:
Las metas de inflación según el presupuesto
Idem los aumentos de empleo
Idem los aumentos del PBI y valores en dólares
Idem las cotizaciones del dólar
El salario real será igual al inicio y al final
La recuperación se reparte entre 2022, 2023 y 2024
En el caso de los públicos como dice la pauta de consejos de salario original
En síntesis, lo que nos dice el gráfico es que los salarios arrancan cayendo más que la caída global (ruto de las reducciones de salario y empleo), luego tienen una recuperación que al ser menor que la de la riqueza ensancha la brecha.
Es la lógica de socializar pérdidas y privatizar ganancias.
Daniel Olesker. Economista y Senador de la República por el Partido Socialista-FA.
1 Compromiso con el país punto 11.
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