Ilustración: Natalia Comesaña
La agenda de derechos tuvo gran relevancia discursiva durante la última campaña electoral. Este posicionamiento no fue producto del azar, sino del trabajo de años de militancia social en (intento de) diálogo con la clase política.
Todos los partidos políticos incluyeron en sus programas de cara a las elecciones de octubre de 2019 un apartado referido a la agenda de derechos. Esto supone un quiebre, una mirada específica sobre las circunstancias de quienes a veces somos parte de “todos los uruguayos” y a veces no.
Analizar las políticas de género de la coalición que gobernará el país por los próximos 5 años requiere un doble ejercicio. Por un lado, un estudio de la agenda de derechos planteada por los partidos y, por el otro, un análisis de la perspectiva de género presente o ausente en los temas generales: educación, seguridad y vivienda.
La perspectiva de género es vital porque no solo necesitamos políticas específicas, también es imprescindible que las medidas pensadas “para todos” tengan en cuenta las distintas circunstancias y los posibles impactos diferenciados. No podemos ser solo un apartado, nos deben tener en cuenta en el diseño de todas las políticas.
Es interesante ver, además, qué lugar tienen las mujeres en los distintos partidos que conforman la coalición. En estos años de lucha feminista se ha peleado por reivindicar nuestro derecho a estar y es tiempo de ir un poco más a fondo. Hablamos del qué, ahora pensemos el cómo, el porqué y el para qué. Este trabajo no podrá abarcar a fondo todas esas aristas que requieren un estudio profundo, pero mostrará cifras y casos que pueden esbozar respuestas a esas interrogantes.
Mujeres en los partidos
“Existe un vínculo directo entre la desigualdad de género, la violencia de género y la violencia hacia las mujeres en política”, afirman desde la Red de Democracia Paritaria(1), una iniciativa de ONU Mujeres, IDEA Internacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La subrepresentación genera un círculo vicioso de ausencias que afectan a la calidad democrática. En el mismo informe se explicita: “Es imperativo que las mujeres participen en puestos de toma de decisión pues la presencia de mujeres en cargos políticos contribuye a generar nuevos modelos de liderazgo, mitigando creencias y estereotipos que generan discriminación contra las mujeres”. No se trata solo de estar, sino de poder liderar, debatir, decir y ser escuchadas.
Las cifras del Parlamento nos dan un pantallazo de cuántas mujeres pueden acceder a puestos representativos: 5 senadoras de 13 en el Frente Amplio (FA); 3 de 10 en el Partido Nacional (PN); 0 de 3 en Cabildo Abierto (CA), y 1 de 4 en el Partido Colorado (PC).
En la Cámara de Representantes hay: 13 mujeres en 42 dentro del FA, 2 en 30 dentro del PN, 3 en 11 dentro de CA, 2 en 13 dentro del PC y 0 en 1 en el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), el Partido Independiente (PI) y el Partido de la Gente (PG)
La actual vicepresidenta Beatriz Argimón, fue consultada por la plataforma (antes de las designaciones ministeriales) sobre la poca presencia de mujeres de su partido en el Parlamento. Su respuesta fue que el número iba a cambiar cuando se conformara el gabinete. Los números muestran que entraron dos nuevas senadoras, se fue una a ocupar otro cargo y entró una nueva diputada.
Hay dos mujeres ministras: Azucena Arbeleche en Economía (PN) e Irene Moreira en Vivienda (CA). Las otras cinco mujeres del gabinete ocupan roles de menor jerarquía: Carolina Ache como vicecanciller, Ana Ribeiro en el Ministerio de Educación y Cultura, Macarena Rubio en el Ministerio de Industria, Energía y Minería; María Fernanda Maldonado en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y Valentina Aregui en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
De cara a las elecciones departamentales de mayo los partidos de la coalición suman 11 candidatas en 100. Laura Raffo es candidata única en Montevideo. Se presentan, además, Carol Aviaga en Lavalleja y Ana Bentaberri en San José por el PN; Cecilia Umpiérrez en Artigas, Nibia Reisch en Colonia, Ana Hunter en Durazno y Cristina Secco en Tacuarembó por el PC; María Ynés Monzillo en Canelones, Flavia Silva y Marisol Mernes en Florida por CA; Estrella Cabaña en Lavalleja por el PI.
La ley de cuotas sigue siendo un cúmulo de palabras en papel. Se aprobó en 2009 y 10 años después podemos afirmar que la participación de mujeres en el Parlamento es menor al 20%.
Algunas mujeres políticas han manifestado que muchas veces fueron menospreciadas o ignoradas. Argimón declaró que tuvo que luchar mucho, por ejemplo, para instalar el Observatorio de Género dentro de su partido(2). En plena campaña electoral se viralizaron unos audios en los que se la atacaba e insultaba por supuestos encuentros sexuales con compañeros de su partido. Sea verdad o no, ¿qué importa? Las mujeres solemos ser juzgadas y menospreciadas por lo que hacemos en nuestra intimidad, no por nuestro trabajo.
Meses después ocurrió un caso que también vale la pena destacar por su vigencia y relevancia: el del intendente de Colonia, Carlos Moreira. Luego de que se hicieran públicos varios audios en los que abusa de su poder pidiendo sexo a cambio de renovar pasantías, el Partido Nacional decidió no echarlo de sus filas; él se alejó porque la Comisión de Ética reprobó su conducta, pero un par de meses después volvió para ser nuevamente candidato a la intendencia del departamento.
Las juventudes del PN, en especial las mujeres que las conforman, pidieron al partido que se expulsara a Moreira, pero no fueron escuchadas. Por el contrario, el futuro ministro de transporte, Luis Alberto Heber, declaró que todo el asunto era una “maniobra” contra Moreira, un episodio “muy traumático, muy doloroso” para él.
Otro hecho simbólico fue el "Compromiso por el país" que firmaron los líderes de los cinco partidos: Luis Lacalle Pou PN, Ernesto Talvi PC, Guido Manini Ríos CA, Edgardo Novick PG y Pablo Mieres PI. Días después de ese hecho se juntaron mujeres de esos partidos y crearon un "Compromiso por las mujeres" que plantea medidas específicas para mujeres, disidencias y engloba todo el capítulo sobre la agenda de derechos.
Los hombres firmaron el acuerdo general, el que afecta a toda la población, y las mujeres el específico de las mujeres. Problematizar es ver esos hechos que parecen positivos y desmenuzarlos. Es una buena señal que aparezcan políticas para mujeres y que las mujeres de los partidos trabajen juntas, pero, ¿es el único espacio que pueden habitar sin resistencias?
Ese documento incluye propuestas que no están en el compromiso general ni en los programas de los partidos. Su análisis requeriría un trabajo específico. Se puede acceder al texto completo en este link(3).
El hermetismo de los partidos no permite saber con exactitud qué lugar tienen las voces de las mujeres en los espacios internos. Como se planteó al principio de este trabajo no solo se trata de estar, sino de qué lugar se ocupa. ¿Se las escucha?, ¿pueden proponer?, ¿se las toma en serio?, ¿su palabra vale lo mismo que la de sus colegas hombres?, ¿pueden discrepar?
Políticas y perspectiva de género
Se puede decir que las políticas generales no fueron creadas con un enfoque de género. Un caso que ilustra cómo impactaría esto es el de la inclusión financiera. La obligación de cobrar a través de un banco bajó los niveles de informalidad(4), y, en consecuencia, muchos hombres que declaraban menos ingresos para pagar menos pensión alimenticia tuvieron que regularizar su situación. ¿Se tuvo esto en cuenta a la hora de proponer eliminar la obligatoriedad de la bancarización?
Veamos, entonces, las políticas de género. En noviembre de 2019 publiqué un análisis en Sudestada(5) y lo reedito ahora. El compromiso de la coalición plantea: “incrementar y sistematizar los esfuerzos del Estado para erradicar la violencia de género” y dar un “combate frontal a la violencia en general y contra las mujeres en particular” (hubo una reformulación en este punto; en el borrador decía violencia de género. La formulación de general y particular salió del programa de CA. En sus programas todos los partidos proponen abordajes distintos para llegar a esos objetivos.
El PG proponía: "crear un registro de personas que han cometido violencia de género comprobada”, del que podrán salir luego de hacer un tratamiento revisado por la policía y el Poder Judicial. También crear centros de asistencia de urgencia para víctimas con apoyo profesional, servicios de asesoramiento tanto para el agresor como para la víctima si ella decidiera “reconciliarse” y supervisión de la situación a partir de eso para “prevenir nuevas situaciones de violencia”.
En materia institucional, planteaba promover políticas basadas en estadísticas y no en “axiomas ideológicos” y trabajar en conocer el perfil de “los violentos” para prevenir. La educación, por su parte, debería “incluir la cuestión de equidad de género”; en esta área también mencionaba “luchar contra el abandono escolar” de niñas y adolescentes, pero no se especifica cómo. Sería obligatoria la capacitación en materia de violencia de género para acceder a cargos estatales.
El PI no utilizó el término violencia de género, sino "violencia doméstica/intrafamiliar". Y en su programa decía: “deben adoptarse abordajes complementarios, por fuera de lo punitivo, centrados en quien ejerce la violencia, que puede padecer problemáticas psicológicas (agresividad, ira y celos desmedidos, entre otras) que conllevan el uso de la violencia en el hogar y/o hacia la mujer”.
CA planteaba: “Luchar contra la violencia en general y la doméstica en particular, ya sea física, psicológica, económica,sexual, que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. Sin embargo, también se trabajará sobre los otros tipos de violencia, hacia los niños, hacia los ancianos y hacia los hombres, sobre todo cuando se les quita la oportunidad de tener contacto con sus hijos luego de la separación”.
Mientras CA propuso y sostiene que quiere erradicar la ideología de género de las escuelas, el PC proponía un programa transversal de educación de roles de género y violencia basada en género. Además, planteaba modificaciones legislativas, ampliar el uso de tobilleras electrónicas y asegurar el cumplimiento del procedimiento policial, implementar una encuesta de victimización anual, reducir la posesión de armas a condenados por violencia doméstica, llevar a todo el país las Casas de Breve Estadía.
Por su parte, el PN también proponía expandir el uso de tobilleras electrónicas, poner custodia policial al violento en lugar de a la víctima, asegurar cobertura constante de los servicios de respuesta, dar recursos para la efectiva aplicación de la ley de violencia basada en género, campañas de concientización, desarrollo de políticas “en pro de la equidad salarial” como talleres de capacitación e instancias de trabajo.
En cuanto al punto “promover los programas de cuidado intergeneracional, priorizando el cuidado de adultos mayores y niños dentro de la propia familia” los programas tenían visiones contradictorias.
CA mencionaba darle un salario a las madres que luego de su tercer hijo prefieran quedarse en casa “para su mejor crianza”, y luego afirmaba que hay que revisar la licencia por paternidad.
El PN hablaba de modificar la normativa para que abuelas y abuelos puedan cuidar a sus nietos en el marco del Sistema de Cuidados. El PC y el PG propusieron, por el contrario, medidas a nivel estatal para el cuidado de los hijos. En el caso del PC en el Sistema de Cuidados, el PG hablaba de crear centros de cuidado de niños hasta 3 años cerca de los lugares de trabajo de madres o padres.
En poco tiempo se comenzará a tratar la Ley de Urgente Consideración. En general, las medidas que tienen que ver con la vida de las mujeres son de carácter punitivista. Plantea mayormente aumento de penas para delitos de abuso y violación y las condiciones agravantes del Código Penal.
Los puntos de encuentro entre los partidos son pocos. Hay mujeres que se dicen feministas y mujeres que rechazan el movimiento, todas enfrentadas a barreras de acceso al poder. Hay medidas abstractas y contradictorias. Hay mayormente, incertidumbre. Ojalá las mujeres no seamos moneda de cambio.
*Escritora y periodista. Interesada en género, inclusión y derechos humanos. Convencida de que todas las personas tenemos una historia para contar.
Bibliografía:
https://www.uy.undp.org/content/uruguay/es/home/presscenter/articles/2019/01/impulsar-la-participacion-politica-de-las-mujeres-en-america-lat.html
https://www.elobservador.com.uy/nota/rompecristales-igualdad-y-representacion-politica-con-beatriz-argimon-20202208151
https://www.bps.gub.uy/bps/file/15364/1/60.-evasion-en-puestos-de-trabajo.-ano-2017.pdf
https://www.sudestada.com.uy/articleId__31f3a448-8f9b-4354-af31-db3e970d4af5/10893/Detalle-de-Noticia
https://partidocolorado.uy/documentos/compromiso-por-las-mujeres.pdf
Notas:
(1) https://www.uy.undp.org/content/uruguay/es/home/presscenter/articles/2019/01/impulsar-la-participacion-politica-de-las-mujeres-en-america-lat.html
(2) https://www.elobservador.com.uy/nota/rompecristales-igualdad-y-representacion-politica-con-beatriz-argimon-20202208151
(3) https://partidocolorado.uy/documentos/compromiso-por-las-mujeres.pdf
(4) https://www.bps.gub.uy/bps/file/15364/1/60.-evasion-en-puestos-de-trabajo.-ano-2017.pdf
(5) https://www.sudestada.com.uy/articleId__31f3a448-8f9b-4354-af31-db3e970d4af5/10893/Detalle-de-Noticia