Ilustración: Mariana Escobar
En política energética, y en particular en cuánto a las Empresas Públicas, es uno de los puntos donde hay más diferencias entre los programas aunque ningún programa plantea nada demasiado alentador.
El programa del FA no plantea grandes modificaciones respecto a lo realizado hasta ahora, salvo una promesa genérica de “modificar el marco regulatorio”. Esta promesa, que ha estado presente al menos desde 2004, no se ha consolidado como política, por tanto, no es esperable lo haga en un futuro gobierno. De hecho, hay una cierta convalidación al cambio de la matriz energética que, si bien tuvo varios aciertos, implicó una privatización de la generación eléctrica amparándose en el actual marco regulatorio.
En cuanto a las tarifas plantean la necesidad de rebajarlas, destacando “especialmente la tarifa eléctrica para avanzar en justicia en beneficio de los hogares y pequeños emprendimientos comerciales”. Se plantea estudiar alternativas en torno a “subsidios” o “renuncia de utilidades” por parte de la UTE para implementar una “rebaja adicional a las tarifas de energía eléctrica en los hogares de menores ingresos”. En este sentido, es el único programa que plantea una medida para los hogares de más bajos recursos, aunque tampoco está detallada. Seguramente, es esperable que amplíen o modifiquen algunas políticas que se han implementado desde 2008 como los descuentos comerciales vinculados al “Plan de Emergencia” (PANES) y, los descuentos posteriores asociados a la Tarjeta Uruguay Social (TUS).
Además, en el programa del FA aparece una apuesta al transporte eléctrico y a la "generación distribuida". Esto último, es compartido por el programa del Partido Nacional. La gran deferencia en cuanto a la electricidad vinculada a la movilidad es que mientras que para el FA la “UTE deberá ser el proveedor exclusivo del sector alimentación y distribución eléctrica para el transporte y la movilidad”, para el Partido Nacional que deberá hacerlo en condiciones de competencia. Esto es importante porque, si bien no se propone privatizar lo que ya es público, si se piensa en generar mercado para actores privados en los futuros negocios eléctricos como el transporte.
En los programas de la coalición multicolor, no hay ninguna valoración crítica al marco regulatorio sino todo lo contrario. En el Partido Colorado, se afirma explícitamente que el Marco Regulatorio (aprobado en 1997 bajo la presidencia de Julio María Sanguinetti) fue un acierto y en el Partido Nacional se prevé su continuidad.
Además, la coalición multicolor sí tiene un claro planteo de eliminar la refinación de petróleo, so promesa de que eso permitirá bajar el precio. Todo este planteo es un disparate de cabo a rabo. Sin entrar en números, me gustaría dejar en claro algunos conceptos básicos. Primero, el petróleo es un commoditty, o sea, es un bien más o menos homogéneo (hay diferencias de calidad, claro) con precios más o menos estandarizados y un conjunto de oferentes no despreciables. Pero los derivados del petróleo no cumplen con las mismas características. O sea, la nafta Super 95, la Premium 97, etc. no son "commodities". Segundo, el Uruguay, como dice la Tabaré, "es el país que está más al Sur de la América del Sur", o sea, queda en el orto del mundo. Y además, es un país chico. Pensar que acceder a derivados del petróleo de forma segura y barata es fácil o lisa y llanamente posible, es un disparate.
Esto no es una idea de izquierda ni revolucionaria, sino un principio económico y geopolítico básico. Lo entendió clarito Luis Batlle Berres en 1931, que sacó un libro sobre los combustibles en Uruguay y que era un defensor de la refinación nacional. También lo fueron Frugoni y Carlos Quijano. Este último, con una propuesta de gobernanza para la futura ANCAP que hoy nos espantaría por revolucionaria: usuarios y trabajadores con voz y voto en el directorio. Por tanto, la idea de abolir la refinación e importar a paridad de poder de compra, es compleja en precio y en términos de soberanía. Ni hablar, de la apuesta a la desulfurización y otras medidas que ahora pasarían a tirarse a la basura.
Sobre esto, han alertado muchas voces del oficialismo y con razón. Pero ha sido mucho menos discutido que harán con la UTE. No está claro el planteo multicolor, pero la combinación del programa del Partido Nacional y del Partido Colorado puede ser un cóctel explosivo. A la posible competencia a la UTE en el negocio del transporte eléctrico, debe sumarse que ambos partidos plantean jerarquizar la URSEA y darles potestad en la fijación del precio de las tarifas. Esto, implicaría sacar al análisis tarifario de la UTE. Defender una empresa pública y verticalmente integrada, implica necesariamente que la política tarifaria sea un componente estratégico de la empresa. Por tanto, pasarla a la URSEA, constituye en sí mismo un retroceso. En el caso del Partido Colorado, llegan al extremo tal de plantear que tanto la URSEA como la URSEC sean organismos técnicos totalmente independientes, por tanto, exentos de cualquier tipo de contralor democrático.
Para colmo de males, el programa de Talvi es mucho más radical que esto, ya que plantea separar la contabilidad de la UTE por "unidad de negocio". Hay toda una retórica en cuanto al "sinceramiento de costos" y "evaluación de cada fase del negocio", pero lo cierto, es que ha sido un tipo de herramienta que favorece la privatización, al romper con la lógica de la integración vertical. Además, si bien habla de "bajar tarifas" en génerico, solo propone una medida de reducción del 20% y un 30% para menciona en este caso solo al "sector productivo".
Asimismo, pretenden profundizar la participación del capital privado en el negocio eléctrico. Por un lado, utilizando en forma creciente las obligaciones negociables. Si bien hay toda una serie de mecanismos financieros que mercantilizan a las empresas públicas que están siendo utilizados (leasing, PPP, etc), los programas del Partido Colorado y el Partido Nacional, pretenden redoblar la apuesta. Y, por si fuera poco, el programa de Talvi plantea eliminar la “posición dominante” de la UTE en el mercado eléctrico.
Si la era progresista fue una etapa en la que se debió pelear contra tercerizaciones y mercantilización de las empresas públicas, todo indica que se viene una nueva etapa de lucha contra la privatización y enajenación pura y dura. Un desguace por partes.
* Pablo Messina es economista. Docente de la Universidad de la República. Integra el consejo editor de Hemisferio Izquierdo