Ilustración: Julio Castillo
I. El relato de la "crisis de la educación pública" se repite tanto, que llega un momento que logra instalarse en el disco duro del sentido común.
Cuando esto ocurre, y como efecto inmediato, pasan otras dos cosas:
A) Se deja de ver “todo” lo demás, y
B) Se deja de ver a qué se refiere bien esa crisis.
Es decir, cuando el concepto de “crisis” de la educación pública gana el sentido común, lo que se hace hegemónico es una especie de efecto “ceguera”, que afecta tanto la vista de lo que pasa “afuera”, como de lo que pasa “adentro” de la educación pública.
Este segundo efecto es muy negativo y retardatario. Por un lado porque no se sabe muy bien lo que realmente está funcionando mal, y sobre todo, qué de ello es realmente responsabilidad propia del proceso pedagógico y qué se debe a la interrelación de componentes sociales y económicos no inherentes al proceso pedagógico. Y por otro lado, porque no se aprecia y valora adecuadamente el esfuerzo y talento de miles de trabajadores y trabajadoras de la educación, que dedican su mejor empeño para que las cosas funcionen bien, como realmente pasa.
Es cierto que la educación pública tiene problemas, y algunos muy graves, pero no menos cierto es que el relato de la crisis de la educación pública se ha convertido en un sosias de aquel dicho que dice: “a río revuelto…”. En tal sentido, la construcción hegemónica de ese discurso, tiene mucho de triunfo monumental del oportunismo ideológico y, al mismo tiempo, es evidencia del mal momento por el que atraviesa el pensamiento crítico.
II. El otro efecto al que hacía referencia, alude a la invisibilización del afuera.
Aclaro que por ese afuera no aludo en esta oportunidad a los procesos de socialización propios del capitalismo periférico en el que vivimos, y que tanto inciden en las formas de la reproducción cultural y en lo que pasa dentro de las aulas, sino a un recorte más específico: el otro 20% de la realidad educativa del país. Lo que pasa dentro de la enseñanza privada en Uruguay es un tema tabú. Hay que ser muy cínico para decir que en nuestro país hay preocupación pública y debate político por lo que ocurre en la enseñanza privada. La realidad es que prácticamente no se discute, ni se investiga.
Algunos podrán pensar que eso ocurre porque es un componente minoritario para la escala general del sistema educativo del país. Otros podrán argüir que no es un problema de la política pública ocuparse por lo que sucede en el ámbito privado, y otros, con un pensamiento aún mas ramplón, que con los problemas que ya tiene la pública mejor no toquemos lo que “funciona bien”.
Sin embargo, dejar fuera del análisis crítico los procesos que viene aconteciendo en la enseñanza privada es un grave error, por varias razones:
1. Porque las instituciones de enseñanza privada son parte de los actuales mecanismos de reproducción cultural y por tanto inciden en las condiciones del desarrollo social desigual.
Dejar a las instituciones de la enseñanza privada fuera de la política pública y por tanto del control democrático y del debate político, no significa otra cosa que validar en los hechos, la máxima capitalista del “laissez faire, laissez passer”.
2. Porque la enseñanza privada es parte de la política pública. Tanto por el marco jurídico público que la establece, como, y fundamentalmente, por la enorme cantidad de dinero público que se invierte en ella.
A modo de ejemplo, vale recordar que solo por la exoneración del pago de IVA facturación y de IRAE, el Estado transfiere más de 4500 millones de pesos al año a la enseñanza privada.
3. Porque la enorme transferencia de dinero que se hace del conjunto de la sociedad hacia las instituciones de enseñanza privada y la falta de controles democráticos consistentes, está propiciando un cambio en la matriz histórica de la enseñanza privada en Uruguay. Y esto, está aconteciendo a la vista y el silencio de todos.
Llegados a este punto, vuelvo al título de este artículo: hay un elefante escondido atrás del árbol. Con esa metáfora me refiero al cambio de matriz histórica en la enseñanza privada en el país, algo que llamo proceso de hipermercantilización de la enseñanza privada.
III. Una forma de entender la mercantilización social es la dinámica de convertir todo el producto de trabajo en mercancía y la mediación del dinero como forma exclusiva de acceder al usufructo de un derecho.
En términos generales, la mercantilización es la forma que adquiere el relacionamiento social sustentado en la conversión de los derechos en valores de cambio. Pago, tengo. No pago, no tengo.
Así funcionan las instituciones de enseñanza formal en el ámbito privado, es decir, prestan un servicio asociado al ejercicio de un derecho, a cambio de dinero. La sola existencia de la enseñanza privada, que en nuestro país es previa a la constitución del propio país, ya evidencia una lógica mercantil. No hay misterio en eso. Siempre funcionaron así.
Además, lo cierto es que dentro de un sistema educativo que prevé un componente privado, es imposible que funcionen de otro modo. Esa también es la realidad. Si no cobran, no pueden pagar sueldos, ni insumos, ni mantenimiento, ni hacer inversiones en mejoras edilicias, etc.
Lo que es relativamente nuevo, grave y ascendente, es el cambio de la matriz institucional de la enseñanza formal privada, en términos de hipermercantilización. Ese es el “elefante” del que hablo.
Por hipermercantilización me refiero al proceso de traslación de fines y medios, donde los objetivos y fines educativos dejan de ser en la práctica la razón de ser de las instituciones, para convertirse en el medio de realización de la ganancia.
Para explicar mejor este concepto hay que dilucidar las características del carácter histórico de la matriz institucional que decimos que está mutando hacia formas mercantiles más agresivas. La matriz histórica de la enseñanza privada, que convive con las unidades de negocio duras y puras, está conformada por instituciones que cobran una cuota para mantener un proyecto educativo, pero que utilizaban el excedente en el proyecto educativo, que es el verdadero fin de su existencia.
Es claro, por tanto, que en ese modelo también hay una lógica de tratamiento del bien educativo como un bien transable. Sin embargo, lo que no se puede decir así nomas, o al menos no es tan claro, es que en el modelo histórico, hubiese apropiación privada del excedente en términos de ganancias empresariales o utilidades para dueños u accionistas o cualquier otra forma de funcionamiento capitalista.
Ahora bien, esa matriz institucional histórica, donde el excedente no quedaba bajo apropiación en términos de utilidades, está cambiando drásticamente. La evidencia indica que más de un tercio de los colegios privados, son de dueños particulares y funcionan bajo la modalidad de S.R.L o incluso de sociedades anónimas. Es decir, en formatos jurídicos que abiertamente propician el negocio lucrativo. Esta tendencia a la hipermercantilización se explica con dos fenómenos adicionales que la refuerzan.
A) La característica de los nuevos colegios. La realidad indica que la enorme mayoría de los nuevos colegios que abrieron en las últimas décadas son instituciones con fines de lucro; con dueños particulares y formatos jurídicos abiertamente empresariales. Asimismo y en el mismo período de tiempo, es prácticamente nula la apertura de instituciones de propiedad colectiva, dirigidas por asociaciones civiles sin fines de lucro.
B) La mutación de instituciones de la vieja matriz hacia el formato de las instituciones más mercantilizadas. Se trata de colegios que o bien dejaron de ser de propiedad colectiva y gestionados por asociaciones civiles sin fines de lucro, aunque mantienen para el público la “vieja estética”, o de colegios que si bien formalmente siguen siendo de propiedad colectiva, asimilan los criterios y modus operandi de las instituciones hipermercantiles.
Este cambio de matriz, no es un cambio menor, pero aun así, sigue siendo únicamente el sindicato quien ha intentado, con poco éxito, colocar estos temas en discusión.
Este cambio de matriz, no es un cambio menor. Y no lo es en términos de legitimidad, como tampoco en sus efectos prácticos.
Hay consecuencias pedagógicas y en la escala de prioridades institucionales. El interés superior pasa por tener cada vez más clientes. Emulandose las peores prácticas del modo capitalista. Hay un recrudecimiento de las lógicas clientelares, que llegan al paroxismo de “robarse” alumnos entre sí. Cual si fuera una lucha comercial por clientes.
Asimismo estas instituciones hipermercantiles, por su propio afán de lucro, son las que desarrollan las peores prácticas laborales, tanto en materia de salario como de condiciones de trabajo. Tienden a buscar ventajas comparativas en base a la precarización laboral y la superexplotación de los trabajadores.
Quiero ser enfáticamente claro en afirmar que no todas las instituciones se comportan de esta manera. Siguen existiendo iniciativas privadas de enseñanza que actúan priorizando lo educativo y pedagógico por encima de las lógicas clientelares, pero incluso, para esas instituciones, este proceso en curso supone un riesgo mayúsculo de sobrevivencia a largo plazo. De no ser por su comportamiento corporativo, este tipo de instituciones, entenderían de lo que estamos hablando, porque a su modo, también lo sufren en carne propia.
El único límite real y concreto a esta tendencia, límite que además tiene fuerza relativa, es el que ha sido capaz de ir colocando el sindicato a través de la lucha colectiva y del proceso de fortalecimiento que ha venido haciendo Sintep en el último tiempo. Estoy convencido, de que a pesar de nuestras enormes limitaciones como sindicato, somos la única explicación para que este fenómeno no sea más grave y generalizado.
Es imprescindible revisar seriamente el conjunto de condiciones de posibilidad que han hecho posible el desarrollo de este proceso de hipermercantilización. Algunas pistas para esto es poner bajo debate la interpretación abusiva que se hace del artículo 69 de la constitución y en ese marco, una profunda revisión de las leyes 12276 y 12802. Porque sin lugar a dudas, que la falta de criterios de discernimiento entre instituciones con y sin fines de lucro, así como el tratamiento de la enseñanza privada como una zona franca irrestricta, es parte fundamental en la explicación de este fenómeno tan negativo.
Lamentablemente 15 años de mayorías parlamentarias no solo no han sido de ayuda para que esos cambios sucedan, sino que en algunos aspectos se ha retrocedido; como es el caso de los artículos de la ley 18.083 (del 2007) que habilitaron el florecimiento de las escuelas “charter”, ahora pregonadas como “centros modelo” por los propios partidos de la oposición.
Otras pistas, en otro plano de impacto y fuera del ámbito legislativo, pueden estar en la actualización, de la ordenanza 14 de la ANEP y los actos administrativos adyacentes. También es necesario innovar y ser más eficientes en materia de controles democráticos, tanto dentro de la ANEP como, en lo que le corresponda, a la Inspección General de Trabajo.
Hay que tener claro que el cerno y el contexto de esta discusión es de carácter eminentemente estratégico. Mientras sigue avanzando el relato de la crisis de la educación pública y se sigue alimentando el mito de la superioridad de la enseñanza privada, lo que se va desarrollando en los hechos, son condiciones para la expansión y consolidación de este proceso de hipermercantilización, que sin duda alguna viene por todo el sistema educativo.
* Artículo escrito para Hemisferio Izquierdo y para Mate Amargo.
** Sergio Sommaruga es Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada (SINTEP)