En los últimos meses varios referentes del espectro político y laboral han hecho hincapié en la pérdida de 50.000 puestos de trabajo desde 2014 a la actualidad. En año electoral, los candidatos del oficialismo y también los de la oposición (curiosamente) parecerían estar preocupados por esta problemática. Sin embargo, muy pocos se preguntan por las condiciones de estos puestos de trabajo que se destruyeron, o visto desde otro punto, muy pocos se preguntan acerca de las condiciones de los puestos que se crearon para evitar que la caída sea aún mayor. Esta ausencia de cuestionamiento, tanto a nivel de gobierno como a nivel de los candidatos o incluso de algunos representantes sindicales, es preocupante.
Lo primero a mencionar es que el “numerito mágico” de 50 mil al ser redondo suena, hace ruido, por eso está en boca de todos, pero hay que tomarlo con pinzas. Si uno considera el factor de expansión de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2014 había aproximadamente 1.655.000 personas ocupadas. Sin embargo, si se considera la tasa de empleo y se la multiplica por la población en edad de trabajar estimada en base a proyecciones de población (también realizadas por el INE), la cantidad de ocupados en el 2014 asciende a casi 1.678.000. Por lo tanto, habría una diferencia de aproximadamente 23.000 ocupados entre una estimación y otra. Lo que ocurre es que recién a partir de 2015 el INE ajustó los expansores de la ECH para que las estimaciones coincidieran con las proyecciones de población. En el año 2018, los ocupados considerando los expansores de la ECH ascienden a 1.636.000 aproximadamente, en tanto que multiplicando la tasa de empleo por la población en edad de trabajar según proyecciones de población, la cantidad de personas ocupadas es de 1.632.000, por lo tanto la diferencia es de solamente 4.000 personas. El problema es que se compara con un año (el 2014), donde la brecha en las estimaciones es mucho mayor (23.000). De ahí que si se toman los expansores de la ECH, la variación en la cantidad de ocupados entre 2018 y 2014 es de -19.000, en tanto que si se toma la estimación en base a las proyecciones de población, la diferencia en la cantidad de personas ocupadas es de -46.000.
Ahora bien, aceptando que este último número es el que mejor refleja la situación laboral en la actualidad (y el de que todos hablan), cabría preguntarse de que condiciones son estos aproximadamente 46.000 puestos que se perdieron. Un indicador relevante para evaluar las condiciones de trabajo suele ser el derecho a la seguridad social. En Uruguay, según los datos del INE, uno de cada cuatro trabajadores no se encuentra registrado a la seguridad social. Las estimaciones a partir de la ECH, muestran que dos de cada tres puestos que se perdieron eran formales (es decir, aproximadamente 30.000). A la vez, si se considera la información publicada por el Banco de Previsión Social (B.P.S) el promedio de los puestos cotizantes entre 2018 y 2014 presentó una caída de 23.000. Por lo tanto, la situación parecería ser más compleja de lo que se está debatiendo, en períodos de contracción del empleo, la pérdida de puestos formales es al menos tan grande (sino mayor) a la de puestos informales. Esto en realidad no debería de sorprender, en economías dependientes y periféricas como lo es la uruguaya, el sector informal del mercado de trabajo funciona como una planta baja dispuesta a recibir trabajadores, que ante la imposibilidad de permanecer unos escalones más arriba (el sector formal) y con el fin de evitar caer al subsuelo (el desempleo) se agrupan en una trampa que puede convertirse en un círculo vicioso a mediano plazo. Obviamente, esa planta baja no es capaz de aguantar a todos los que vienen desde escalones superiores, por lo que también tenderá a expulsar trabajadores hacia el subsuelo.
Por lo tanto, la población excedente relativa en este tipo de economías adquiere dos formas, es decir, no sólo está compuesta por los desocupados sino también por los informales. Este hecho le da la oportunidad a los empresarios de jugar a dos bandas, es decir, con el fin de no ver comprometida su tasa de ganancia, las empresas pueden expulsar trabajadores formales hacia la informalidad o hacia la desocupación; y a la vez, a los trabajadores informales pueden enviarlos al desempleo sin mayores dificultades y sin sufrir los costos asociados a ello. No es casualidad que los actores políticos vinculados a los grandes capitales y que las gremiales empresariales más fuertes, se hayan movilizado (por medio de la recolección de firmas) en contra de una política pública que podría mejorar la formalidad de los trabajadores. Lo que sucede es que de reducirse el sector informal se les corta una banda por la cual los empresarios pueden jugar libremente, y esto les molesta.
Tal como reflejan los datos para Uruguay en los últimos años, la desocupación se habría nutrido de las dos vías y lo que es aún más problemático, la vía formalidad/desempleo parece haber operado con más fuerza, con lo que un número mayor de trabajadores cae directamente al subsuelo sin pasar por planta baja, la cual se mantiene disponible para seguir recibiendo trabajadores provenientes de los pisos superiores.
Por otra parte, la existencia de esta población excedente relativa, le permite a los empresarios evitar las presiones al alza del salario real (y con ello la contracción de la tasa de ganancia) recurriendo a trabajadores informales o desempleados, pagándoles una menor remuneración. Tampoco es casual que en los últimos años las empresas vinculadas a servicios como seguridad, limpieza, comercio, transporte, hayan optado por contratar a trabajadores inmigrantes. Aprovechándose de la necesidad en la que se encuentran estas personas, las empresas compran su fuerza de trabajo a un precio mucho menor al que le correspondería y así bajan sus costos laborales y mantienen márgenes en sus tasas de ganancia. Esto no sólo genera inequidad sino que también provoca ineficiencias a nivel de la economía, en el sentido de que se produce una subutilización de la mano de obra, ya que estos trabajadores probablemente desarrollan tareas para los cuales están sobrecalificados.
Otra estrategia usualmente utilizada por los empresarios es crear conflicto entre los trabajadores. Aquella distinción que Marx hacía entre “clase en sí” y “clase para sí” (aludiendo al primer concepto a la existencia de una clase como tal y al segundo a los individuos que conforman dicha clase, en tanto son conscientes de su posición y de sus intereses), parecería mantener suma relevancia en la actualidad. Tal como lo plantean los autores neomarxistas, por más que los sistemas capitalistas hayan madurado y el entramado social sea mucho más complejo que el de hace 150 años, la fragmentación de la clase trabajadora tiene la misma raíz histórica: la falta de conciencia de clase original debido a la alienación de los trabajadores producida por las estrategias de dominación capitalista. En los años actuales, las empresas intentan llevar adelante diversas técnicas para ocultar la relación de dependencia y de dominancia que ejercen sobre los trabajadores, argumentando que la misma no es tal, dado que los trabajadores son “dueños de una unipersonal” o bien “dueños de los medios de producción”, simplemente por el hecho de tener una herramienta de trabajo, ya sea un auto para transportar pasajeros, una moto o una bici para transportar comida, o simplemente su fuerza de trabajo para vender en forma de dependencia oculta. Se genera así una especie de “competencia” entre los trabajadores que ven en el otro a un rival y no a alguien de la misma clase, con sus mismas preocupaciones e intereses. De ahí, expresiones tales como “vienen a quitarnos el trabajo” de corte claramente discriminador y fascista, han salido a la luz en los últimos tiempos entre los trabajadores, sin reparar que en realidad la causa de los males no está entre los otros trabajadores sino en los capitalistas, que en busca de ocultar esa relación de dominancia, ahora hasta son capaces de hacer videos simulando estar del lado de los trabajadores.
Esta situación de alienación y fragmentación de la clase trabajadora, combinada con subutilización de la mano de obra, alta proporción de trabajadores informales y crecimiento del desempleo, podría explicar porque en los últimos años, los salarios desaceleraron su tendencia al alza en un contexto en el cual la productividad laboral continuó creciendo.
Asimismo, si se observa el peso de las ramas de actividad, se encuentra que la industria manufacturera continúa con su tendencia decreciente, en tanto que las actividades vinculadas a servicios de apoyo, tareas administrativas, y otros servicios muestran un comportamiento alcista. Por lo tanto, es de esperar que en los últimos años, los puestos de trabajo creados tengan peores condiciones que los que se han perdido.
Dado este panorama vale la pena preguntarse qué ha hecho el gobierno (supuestamente progresista) para mejorar las condiciones de los trabajadores. La sensación es que del 2015 en adelante, la actuación del gobierno deja gusto a muy poco y en lugar de favorecer a los trabajadores parece haber estado más del lado de los capitalistas. La aprobación de la ley de riego, las concesiones de importantes beneficios a UPM para que instale su segunda planta de celulosa (que incluso generó grandes conflictos a la interna y terminó con la renuncia del Director de Asesoría Macroeconómica del MEF), el no cambio en la tasa de IRAE, la flexibilización de las relaciones laborales, con el Poder Ejecutivo pautando incrementos de salarios nominales sin el objetivo de mantener el poder de compra de los trabajadores, y votando en conjunto con varios sectores empresariales, entre los que se destaca en el último año el apoyo a la “Liga de Amas de Casa” sector que representa de forma pura y dura la oligarquía del Uruguay, en contra de las trabajadoras domésticas (mujeres por demás postergadas, relegadas y desprotegidas en nuestro país); nos da la pauta del papel que ha jugado el gobierno en los últimos años.
Los tiempos que vienen parecerían augurar un futuro complejo para los trabajadores. La promesa de crear 100.000 puestos es infundada, irreal y hasta una tomada de pelo para la gente que realmente lo precisa y se ilusiona. El movimiento sindical y las organizaciones sociales deberán estar muy unidos para hacer frente a los avances de los sectores capitalistas que procurarán mantener sus ganancias a costa de las condiciones de bienestar de los trabajadores. No sabemos de qué lado se va a poner el futuro gobierno, un triunfo de la derecha resolvería esta duda al instante, un triunfo del Frente Amplio dejaría las puertas abiertas, aunque sería realmente muy triste ver que se repite lo que ocurrido en esta administración.
*Economista.