Imagen: Laura Becerra
En su lógica implacable, el capital destruye el sustento de todo valor: el trabajo y la naturaleza. En un mismo e imparable movimiento, degrada al trabajo (y quienes lo ejercen) como a la biosfera que habilita la existencia de la vida en todas sus dimensiones.
Se dice que la “Naturaleza” puede prescindir de los seres humanos, pero que lo inverso es imposible. Que a nosotros se nos va la vida en la preservación del ambiente en el que desarrollamos nuestra existencia. Pero mientras tanto, el proceso de acumulación de capital vuelve mercancía todo lo que se le cruza: hay lugares en los que se comercializa el aire, el viento genera rentabilidad en el negocio de la eólica, nos venden agua embotellada con heces, hay playas que tienen dueño, se han patentado hasta los genes.
En esta hora de la globalización mercantil y la privatización generalizada del mundo que nos toca vivir, no solo la Naturaleza sufre un proceso de privatización terrible, sino que todos los bienes comunes son fagocitados por las fauces del capital: los servicios públicos, la seguridad social con las AFAPs, el ocio y el disfrute con la industria del entretenimiento, el espacio urbano y rural puesto a disposición de la especulación hipotecaria e inmobiliaria. Así como en los noventa, la canción que sonaba era “a privatizar, a privatizar” y las empresas públicas fueron el objeto de codicia de las transnacionales en nuestro continente en el marco del “Consenso de Washington”, ahora la privatización afecta a la educación, la información, los saberes y el espacio público como tal.
En Uruguay, la era progresista ha implicado un doble movimiento en este sentido: por un lado, se mejoró el acceso a servicios públicos y derechos, por otro, se generaron las condiciones estructurales para que esa mejora sea efímera y se nos vuelva en contra. Por ejemplo, el cambio de la matriz energética vino acompañado con parques eólicos cuyos dueños son los Fernández Rohm (ex-Fripur) o el Grupo Otegui, entre otros. Actualmente, existen propuestas de Participación Público Privada (PPP) en construcción u otras en proceso licitatorio para jardines, centros de primera infancia, UTU, etc, donde un actor privado va a gerenciar lo que hasta ahora han sido espacios públicos, como las instituciones educativas. Por si fuera poco, el año pasado se votó una nueva Ley de Riego que utiliza las PPP, exonera a capitales para la inversión en presas y privatiza y mercantiliza el agua, contraviniendo en buena medida el artículo 47 de la Constitución, resuelto en el año 2004.
En el resto del continente, la cosa no ha sido muy distinta. Más allá de que en Ecuador y Bolivia se consagraron “Derechos de la Naturaleza” -incluso a nivel constitucional-, los mismos no significaron cambios tan sustantivos en la orientación de política económica. Es así que una de las discusiones que ha caracterizado a la izquierda latinoamericana (principalmente académica) en torno a la temática de los bienes comunes, en lo que va del siglo XXI, es la pugna entre defensores de los “gobiernos progresistas” y los que se adhieren a posiciones más autónomas. De forma muy grosera: Los primeros acusados por los segundos de “neoextractivistas” y los segundos acusados por los primeros de “pachamamicos irresponsables”.
Lo cierto es que frente a la ofensiva destructiva del capital, las muestras de resistencias son incontables. Desde un escenario de expoliación y erosión de las posibilidades de la reproducción misma de la vida, se despliega un sinnúmero de reacciones en defensa de los territorios y de los bienes comunes. En este sentido, la emergencia de los llamados movimientos socio-ambientales ha sido un fenómeno de creciente relevancia en el escenario.
Uno de los ejes centrales de los movimientos campesinos e indígenas en todo el mundo y en especial en América Latina, es la lucha por la soberanía de los bienes naturales que, anclada en el territorio, se convierte en elemento movilizador de rescate del sujeto colectivo autónomo y de la comunidad a partir de la disputa por los modos de uso del territorio. El desplazamiento conceptual que se produce cuando la bandera de la lucha por la tierra es superada por la de lucha por el territorio [1] puede ser considerado como uno de estos ejemplos de enfrentamiento desde los pueblos a la lógica dominante de acumulación de capital.
“Efectivamente, la lucha por el territorio y las modalidades de uso y de relación con la naturaleza y el espacio llevan a cuestionar el capitalismo como sistema acercando la posibilidad de realización de las utopías caleidoscópicas y los horizontes societales no capitalistas” [2]
En otras expresiones de lo social, la lucha por los bienes comunes es un tanto ambigua. Volviendo al ejemplo uruguayo, tal vez no hubo herramienta más importante por la lucha en defensa de los servicios públicos que la llevada adelante por el sindicalismo. En los 90s, el rechazo a la “Ley de Servicios Públicos” da cuenta de ello. Al paquete privatizador, se le opuso una enorme resistencia que fue aplastante, con un 72% de los votos en 1992. De todas formas, no alcanzó para evitar la privatización de la Compañía del Gas, ni de la mitad del paquete accionario de Pluna, ni las concesiones de todo tipo y color.
Más acá en el tiempo, ha sido imposible un rechazo unitario a la Participación Público Privada, la lucha contras las AFAPs y la privatización de la seguridad social no ha logrado cobrar fuerza y ya en la era progresista, muchas de las luchas socioambientales que, sin gran masividad pero con gran capacidad militante, han sido caracterizadas tristemente como “feudales”. Eso ha dificultado buscar salidas de conjunto contra la megaminería, críticas de fondo al modelo forestal, así como luchas frontales contra la concentración de la tierra. De todas formas, la Ley de Riego se encuentra con sindicatos y organizaciones sociales llevando a cabo una intensa junta de firmas para su derogación, los sindicatos de la educación y los gremios estudiantiles están inmersos en una fuerte campaña contra la privatización educativa y algunas voces sindicales han manifestado la necesidad de avanzar hacia un programa “desmercantilizador” de los servicios públicos básicos.
Pero la lucha no se agota en estos frentes. El ocio y el “tiempo libre”, el acervo cognitivo del mundo, los desarrollos tecnológicos, etc, están cada vez más bajo el dominio del capital. Por tanto, para que la tierra, el agua, el aire, el disfrute del tiempo libre, el conocimiento, los barrios, las plazas y las calles, sea tuyas, nuestras, de aquella y de aquel, habrá que desalambrar y desalambrar.
[1]Declaración de Quito, Vía Campesina (2010). Disponible en: http://www.cloc-viacampesina.net/es/congresos/v-congreso/noticias/402-clocomunicacoin
[2] Ceceña, Ana Esther 2004 “Militarización y resistencia” en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Nº 15, septiembre-diciembre.