El gobierno que inicia con la presidencia de Oscar Gestido en 1967 marcó una nueva etapa política para el Uruguay de los sesenta. Las pujas entre las clases dominantes por el control del aparato político del Estado terminaron luego de varias crisis ministeriales con el triunfo del sector más vinculado al capital financiero internacional, quien avanzó mediante bruscas devaluaciones en una política económica de especulación y fuerte inflación. La pauperización de las condiciones de vida y la caída del salario real se profundizaron producto de las políticas de congelamiento salarial y el aumento de la inflación (que entre 1967 y 1968 creció en 182%). Durante ese año aumentaron los conflictos obreros, las huelgas de gráficos, periodistas y canillitas, las luchas de los funcionarios públicos, de los portuarios y los trabajadores del correo.
Hacia octubre de ese año, el gobierno aplicó Medidas Prontas de Seguridad (MPS) frente a una huelga bancaria y procedió a la detención de cientos de militantes y la realización de acciones represivas. Luego de asumir Jorge Pacheco ante la muerte del presidente Gestido en diciembre, decretó la clausura del diario ‘Epoca’ y ‘El Sol’ y la ilegalización de parte de la izquierda (PS, MRO, FAU y MIR)
Durante 1968 este cuadro no hace más que profundizarse; en abril el gobierno realiza una nueva devaluación y en junio aprueba la congelación de salarios. La respuesta popular a estas políticas y al avance represivo no se hace esperar, Uruguay es sacudido por un importante ascenso en la movilización de masas y de las acciones callejeras. Se producen varios centenares de paros, aumentan las huelgas, las ocupaciones de los lugares de trabajo, tanto públicos como privados, los actos y las movilizaciones. La insurgencia estudiantil de un lado y las luchas obreras del otro pautan la confrontación de los explotados con el Estado. Para hacer frente a esta respuesta popular, Pacheco aplica nuevamente MPS (que van a continuar de forma permanente hasta 1971 con la única interrupción en el período marzo- junio de 1969), militariza a los trabajadores bancarios de UTE, ANCAP, OSE y Telecomunicaciones, reprime las innumerables manifestaciones estudiantiles asesinando a jóvenes militantes, entre ellos Liber Arce, Susana Pintos, Hugo de los Santos. El sepelio de Liber Arce condensó en una jornada este ascenso de la movilización popular, pues reunió a una multitud nunca antes vista, que se estimó en 250 mil personas en una población capitalina de un millón.
En 1969 continúa la confrontación, ya en el primer mes del año es asesinado en una movilización de los estatales el municipal Arturo Recalde, y en abril el sector más poderoso del movimiento obrero, los trabajadores frigoríficos, ingresan en una profunda huelga (contando con el apoyo solidario de los ferroviarios y los portuarios, entre otros) que va a culminar en el mes de setiembre. También en este año se producen las huelgas de los bancarios, de los trabajadores de prensa y de los de UTE. Además el 11 de junio tiene lugar un paro general de la CNT que paralizó todo el país, y encontró a los municipales en un paro de 96 horas y los estatales de 72 hs. Los trabajadores de UTE amenazaban con nuevas medidas y el corte del suministro en el caso de que el gobierno tomara represalias. Entre junio y julio de 1969 decenas de miles de trabajadores se encontraban en huelgas sectoriales. Frente a estos conflictos y luchas obreras, Pacheco decretó la militarización de los estatales, reimplantó las MPS, envió allanar el local de la CNT y detuvo a más de 800 militantes sindicales, estudiantiles y políticos. También, militarizó con la policía el Cerro y reprimió los campamentos de los friyeros en huelga.
Huelga general o ‘salida política’
En este escenario de fuerte convulsión social se abrió una deliberación en el movimiento sindical; se expresaron y se opusieron dos posiciones respecto a la estrategia que debían seguir los sindicatos bajo esta nueva y particular coyuntura. El debate giró en torno a la necesidad de dar una respuesta de conjunto mediante la aplicación de una huelga general de todo el movimiento sindical para quebrar la política de Pacheco.
Durante todo este período, la corriente mayoritaria de la dirección de la CNT vinculada al Partido Comunista del Uruguay (PCU) desarrolló la orientación de avanzar con un plan de lucha con acciones concretas.
Durante el primer Congreso de la CNT realizado en mayo de 1969 se cristaliza en varios documentos presentados por sindicatos y por dirigentes sindicales, una crítica a esta línea de acción, donde se le reprochaba a la ‘conducción’ llevar adelante una táctica de contención del real potencial que podía adquirir la movilización popular. El informe de la Asociación de Bancarios del Uruguay al primer Congreso de mayo de 1969 dice: “La táctica desarrollada, en muchos de sus aspectos por la forma de su aplicación no 'desgastó al enemigo' tanto como a los mismos sindicatos en su aplicación (...) En nuestro criterio, la preocupación de no agravar la situación política desembocó en la aplicación de una táctica que fue oscilando de la inefectividad al quietismo”(1).
Esta posición crítica del balance del accionar de la CNT durante ese período, fue derrotada en el primer Congreso, que resolvió por mayoría apoyar lo actuado por la dirección. Sin embargo, las divergencias lejos de saldarse se profundizaron, y la polémica continuó y adquirió también un cariz público, pues además de manifestarse en los organismos de la CNT se expresó a través de diversos órganos de prensa (El Popular y el semanario Marcha entre 1969-1970).
Posteriormente, frente a la militarización de los trabajadores de UTE, ANCAP, OSE y Telecomunicaciones por parte del gobierno, el 25 de junio de 1969 el Congreso Obrero Textil (COT) propuso a la CNT la declaración de huelga general indefinida. La propuesta que contaba con el apoyo de varios sindicatos, entre los que se encontraban la Federación de Profesores, el sindicato de FUNSA y el de los trabajadores de la Salud privada, fue rechazada por la Mesa Representativa 3 días después, quien convocó un paro general para el 2 de julio con la exclusión de los gremios militarizados.
El dirigente sindical del SUNCA y del PCU, Mario Acosta defendía esta resolución en esto términos: “La situación del país es tan tensa y las disyuntivas económicas están tan cerradas dentro de los actuales carriles, que en cierta medida es cuestión de vida o muerte para la oligarquía el imponer esa política (...) En tal situación que el contendiente relativamente más débil acepte ir a una batalla decisiva, es suicida”. Y continúa, “el movimiento obrero y popular, en vez de embretarse en un choque frontal con un gobierno que evidentemente está dispuesto a pagar un alto precio político por la aplicación rígida de su línea y que seguía controlando las fuerzas estatales, debía zafar del cepo y hallar otra salida”(2).
La oposición a esta mayoría sindical, integrada por una coalición de organizaciones de izquierda (MRO, GAU, MIR -luego PCR-, ROE -luego PVP- y el movimiento 26 de Marzo) nucleados en lo que se denominó la Tendencia Combativa propiciaban la orientación presentada por el COT y por Héctor Rodríguez de superar los conflictos aislados y avanzar de forma conjunta (en una tendencia que ya se estaba expresando de hecho) mediante la huelga general indefinida para paralizar completamente el país, y poner en jaque el margen de acción y la aplicación de las políticas represivas y de ajuste que venía propiciando el gobierno de Pacheco. En esta discusión el dirigente textil Héctor Rodríguez afirmaba que la táctica que se oponía a la huelga general buscaba evitar la confrontación directa con el gobierno aduciendo que no existían condiciones en el movimiento obrero para tal acción, pues pretendía en realidad dirigir la salida a la crisis que vivía el país hacía una “salida política” que se manifestaría en las elecciones de 1971(3).
Cuando las elecciones de noviembre de 1971 se acercaban, el debate continuó y se clarificó en el movimiento sindical. En el 2º Congreso de la CNT se volvió a desarrollar la polémica sobre la táctica sindical de los años anteriores. El informe central de la mesa representativa se pronunciaba contra el voto a los partidos tradicionales y señalaba su apoyo al recién creado Frente Amplio de la siguiente forma “las acciones que fuimos capaces de cumplir, los triunfos alcanzados, la unidad lograda han sido los factores que han permitido que hoy el pueblo se una a una expresión política antioligárquica y antiimperialista y que su acceso al poder sea una alternativa concreta y próxima”(4).
En oposición a este informe once gremios(5) presentaron un documento en minoría cuestionando la orientación de la mesa colocando que los conflictos “fueron orientados y dirigidos por la mayoría de la CNT, pero en realidad estuvieron aislados por la mayoría de la dirección”. En el mismo informe se clarifica sobre el rol que debe jugar el movimiento sindical frente a las elecciones, también cuestionando el informe de la mayoría de la mesa de la CNT “se plantea claramente en líneas generales una salida política electoral pretendiendo desviar la lucha de los trabajadores y a la vez poner a la CNT al servicio de las elecciones. Debemos tener claro que la lucha sindical no tiene de ninguna manera el límite de un acto electoral”(6).
De este modo, los once sindicatos criticaban la táctica de la mayoría de la CNT, de imponer un reflujo a las luchas obreras como forma de canalizar el creciente descontento de los trabajadores detrás de un parlamentarismo que expresaba una alianza de la clase obrera con sectores de la burguesía “progresista”. De fondo, el debate sobre huelga general y el parlamentarismo, tenía que ver con una cuestión estratégica: la acción histórica independiente del proletariado uruguayo.
Vale la pena repasar aquellos debates, cincuenta años después y frente a un próximo Congreso del PIT-CNT. El balance histórico de hacia dónde condujo la orientación de la “acumulación de fuerzas” para no “aislar” al movimiento obrero es concluyente.
* Lucía Siola es dirigente del Partido de los Trabajadores. Es coautora del libro “Historia y memoria de COFE, a 50 años de su fundación”, Montevideo, Julio, 2016 y del folleto “Hacía una historia del SOOFRICA (Sindicato de Obreros y Obreras del Frigorífico Canelones)”, Canelones, 2015. Es también coautora junto a Nicolás Marrero del artículo “La crisis del capitalismo en la educación: un análisis crítico” en Prohibido pensar, Revista de ensayos nº 7, octubre 2015. Publica artículos de prensa en ‘Tribuna de los Trabajadores’ y ‘Prensa Obrera’ (Argentina).
Notas:
1) Informe al Primer Congreso de la Asociación de Bancarios del Uruguay de mayo de 1969 en CNT: Documentos y Congresos 1 Lucha y polémica Sindical 1968-1973 tomo II. CUI, Montevideo, 1985.
2) CNT: Documentos y Congresos/2, Lucha y polémica sindical 1968-1973, Tomo I. Centro Uruguay Independiente, Montevideo, 1985, pp.90
3) Para realizar esta afirmación HR se apoya en un artículo publicado en El Popular el 30 de enero de 1970 por el senador del PCU Enrique Rodríguez, ver en CNT: Documentos y Congresos/2, Lucha y polémica sindical 1968-1973, Tomo IV. Centro Uruguay Independiente, Montevideo, 1985. pp. 50-51.
4) Idem. pp. 25-26.
5) Sindicato de Obreros y Administrativos de General Electric; Sindicato Único de Enrique Ghiringheli S.A; Unión de Obreros y Empleados CICSSA; Unión de Obreros de SERAL; Sindicato de Frutas y Verduras de Salto; Plenario Intergremial de Mercedes; Federación Uruguaya de la Salud; Unión de Obreros, Empleados y Supervisores de FUNSA; Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines; Unión de Obreros y Empleados de TEM.
6) Ídem, p 73.