Óleo: Rocío Piferrer
Cuando parecía que la tercer administración frenteamplista marchaba calma y serena por la penillanura hacia el final de su mandato una revuelta de patrones alborotó el avispero.
El detonador fue la suba de tarifas de enero, pero esta es solo la punta del iceberg. En realidad lo que ahora se manifiesta como un alzamiento del conjunto de las patronales (rurales, industriales, comerciales, comunicacionales), es la evidencia de que la sábana progresista ya no puede cobijar el pacto distributivo de otrora.
Es que si bien los gobiernos del FA han sabido navegar las aguas turbulentas del capitalismo periférico, lo han hecho sin alterar un rumbo que de forma recurrente nos lanza al despeñadero de la crisis. Si en sus primeras dos gestiones los super precios de las materias primas hicieron posible el hechizo del “país de primera” con “paz social”, el inicio de una fase descendente hacia finales de 2013 empezó a devolvernos a la realidad.
Es también evidente que este tercer gobierno del FA ha tenido mejor suerte que sus pares de Argentina y Brasil, que ante la necesidad del ajuste rápidamente perdieron la gracia de jueces y empresarios, dando paso a gobiernos abiertamente pro-patronales. Sin embargo la sobrevivencia ha tenido sus costos.
Fue entre abril y junio de 2016 que se procesó una primer fase del ajuste que ahora muestra sus límites. Si el cambio más visible fue el ajuste al alza en las tasas del IRPF que pagan los asalariados, por lo bajo se recurrió al arma predilecta de los gestores del Estado sea cual sea su pelo: incrementar el endeudamiento y abaratar el dólar para desparramar renta agraria.
El problema es que esa medida acelera la quiebra de los capitales exportadores más ineficientes. Más en un sector como el agro donde no hay cinco o seis grandes empresas que compiten entre sí, sino 40.000 empresas de todo tamaño y color. Por eso la crisis explota como un conflicto de masas.
Ahora lo que está sobre la mesa, y lo que muy rápidamente ha capitalizado el conjunto de la burguesía y sus representantes, es la necesidad de rever el pacto progresista y descargar su peso sobre los trabajadores. Lo tienen clarísimo. Por eso el ex-ministro de economía del Cuqui Lacalle y paladín del empresariado nacional, Ignacio de Posadas, llama a una revolución (si, revolución) que ponga las cosas en su sitio.
Ante este escenario es que desde la izquierda debemos volver a la cuestión agraria. No para refritar los viejos planteos para un campo que ya no existe, sino para repensar qué proyecto para qué campo en las coordenadas de hoy. Hay mucho que estudiar, producir y discutir en torno a esos ejes. Por lo pronto, la realidad muestra cada vez con mayor claridad la centralidad de la renta de la tierra en la reproducción de la economía y la élite uruguaya. Los dueños de la tierra han sido de los grandes ganadores en los años progresistas, pasaron de apropiarse por concepto de rentas de US$200 a casi US$ 1.400 millones entre el 2000 y el 2017, sin dejar como contrapartida una sola hora de trabajo, únicamente amparados en la actual estructura de propiedad agraria. No exageramos si decimos que en el uso y apropiación de la renta se juega nuestro futuro.
El problema es que los gobiernos progresistas como el FA son bichos políticos que habitan en las zonas cálidas del ciclo económico donde son posibles los “pactos” policlasistas. Pero en las zonas frías, la burguesía precisa un gobierno que personifique el ajuste. Y si el FA no cumple ese rol, trabajarán denodadamente para sustituirlo.
A quién no está dispuesto a avanzar sobre privilegios para resguardar derechos, lo tapa la marea.
Como en los bailes de campaña, queda ver que pareja elijará el gobierno.