Ilustración: "O bicho de sete cabeças", de J.Borges
El mundo está más conservador. Son innumerables los hechos que comprueban tal afirmación. Desde el “brexit” hasta la emergencia de grupos nazi-fascistas en varios países, pasando por la victoria de Donald Trump en los EE.UU y el golpe parlamentario en Brasil. Todos estos ejemplos son conocidos. Sin embargo, mi intención en este artículo es tratar específicamente de Brasil, no como un país más donde las cosas están difíciles, sino como un laboratorio de un proyecto que la burguesía – que sabemos no tiene patria – guarda para la región latinoamericana. ¿Por qué empezar con Brasil? No solo porque es el país más importante de la región y, por eso, capaz de determinar un patrón a los demás países, sino porque ahí se han encontrado las condiciones más favorables en términos de correlaciones de fuerzas para implementar una agenda extremadamente conservadora y regresiva de los derechos laborales y sociales tan duramente conquistados y tan jóvenes. Para que el lector tenga una idea, básicamente el actual presidente, Michel Temer – que tiene sólo 5% de aprobación, índice más bajo desde cuando se empezó a hacer esta encuesta, en 1986 [1] – y el Congreso Nacional – que hasta el momento actual, de los 513 parlamentarios, 489 enfrentan procesos judiciales por corrupción en el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil – aprueban diariamente medidas extremadamente dañinas a la población y al propio país. La lista es larga:
- Cortes de gastos sociales: en 2016, fue aprobada una Enmienda en la Constitución que congela por los siguientes 20 años los gastos llamados primarios, que son todos los gastos esenciales del Estado - educación, salud, asistencia social, seguridad social, infraestructura, etc.;
- Reforma de la Escuela Secundaria, permitiendo la flexibilización del estudio de acuerdo con las necesidades del mercado, bajando el costo para el Estado. Convenientemente, dejan de ser obligatorias la enseñanza de artes, sociología, filosofía y educación física.
- Tercerización de todas las funciones laborales (actividades medio y actividades fin [2]);
- Reforma laboral, demanda de los empresarios, tal como la tercerización. Vacaciones, intervalo de almuerzo y condiciones de despido (como derechos del trabajador) ahora son negociados directamente entre el empresario y el trabajador, en un país con más de 11 millones de desempleados (índice que es el 7º más alto del mundo [3]), y aproximadamente 40 millones en la informalidad;
- Dimisiones de trabajadores públicos por medio del “Programa de Dimisión Voluntaria”, recién instaurado;
- Cortes sistemáticos del presupuesto de la ciencia y tecnología, inviabilizando la conclusión de los proyectos existentes, y por supuesto, de los futuros. Hasta el medio más reaccionario de Brasil, Globo, reconoció en publicación del 17 de julio que “crisis y recortes de presupuesto hacen que la ciencia brasileña entre en decadencia”[4].
- Cortes del presupuesto de las universidades, que hoy no tienen plata para pagar sus cuentas ordinales y ni para mantener los programas de asistencia estudiantil o de investigación.
- Exoneraciones fiscales a los empresarios que definitivamente ya no pagan más impuestos en ese país. El Congreso acaba de aprobar un programa de refinanciamiento de la deuda fiscal de las empresas en el cual perdona el equivalente a 175 mil millones de dólares. Este es sólo un ejemplo.
El balance hecho por el Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos (Dieese) establece que hasta febrero de 2017, la deuda de las empresas con seguridad social sumó 935 mil millones de reales, aproximadamente 300 mil millones de dólares. Está claro que el gobierno no tiene la intención de cobrar.
En función de la crisis fiscal, todos los recortes citados fueron realizados. En función de la misma crisis fiscal, el objetivo ahora es aprobar la reforma de la seguridad social extremadamente dañina para los trabajadores, la cual, si es aprobada, producirá en algunos años un país de una masa de adultos mayores indigentes, según afirman expertos [5]. El gobierno intenta justificar la necesidad de reforma de la seguridad social afirmando que existe hoy un déficit de 59 mil millones de dólares. Muchas investigaciones recientes prueban que no existe déficit alguno. Pero aún si existiera, la deuda de las empresas sería mucho más que suficiente para resolver la situación. Es la demostración de que la motivación es otra.
Las medidas continúan:
- Privatización de todo lo que aún subsiste como público: las pocas carreteras, los pocos aeropuertos, la empresa Eletrobrás, una de las mayores productoras de energía eléctrica de América Latina, y hasta la Casa de la Moneda, responsable por la emisión de moneda nacional.
- Reformas políticas que excluyen aún más a los partidos contra hegemónicos de las disputas electorales y alejan cada vez más a la población de las decisiones, permiso para explotación de reservas protegidas de la Amazonía, etc., etc.
De hecho, la lista es interminable. Para no fastidiar a las lectoras y los lectores, el último punto de esta lista y el más reciente anuncio del gobierno es la promesa de liberación de extensas regiones de la Amazonía para la explotación minera, explotación extranjera e instalación de una base militar de los EE.UU.
Como se puede ver, no se trata de salvar las cuentas públicas, sino de responder a todas las demandas y todos los intereses de la burguesía nacional e internacional en contexto de crisis. Muchos expertos críticos argumentan que el grupo representado por Temer no tiene proyecto de gobierno, sería “entreguismo” puro. Nosotros argumentamos que hay, sí, un proyecto bastante claro. Para entenderlo es necesario volver rápidamente a la crisis de los años 1970.
El origen del proceso actual: crisis de los años 1970
La década de los 70 fue marcada por una profunda crisis en los países centrales. Fue la crisis del modelo keynesiano-fordista de producción. Un modelo basado en la producción en masa, en la estandarización y en la durabilidad que ha proporcionado mucho éxito al capitalismo, principalmente post 2ª Guerra Mundial, una vez asociado al Estado keynesiano. Fue el modelo keynesiano-fordista una época de oro del capitalismo, que permitió elevadas tasas de ganancia. Sin embargo, ya en la mitad de la década de 1960, las mismas características que hasta aquél momento eran las causas del éxito, pasaron a ser las fuentes de la crisis. Además del sector de la población que en el capitalismo está siempre alejado del consumo, las personas que ya tenían los productos fordistas, a partir de ese momento, no tenían más estímulo para seguir consumiendo puesto que lo que miraban en las vitrinas de las tiendas era exactamente igual a lo que disponían en sus casas (estandarización) y en perfectas condiciones de funcionamiento (durabilidad). Con los productos estocados, las empresas dejaron de producir. Por consecuencia, vinieron las dimisiones. Las familias sin empleo pasaron a necesitar más de los servicios del Estado. Las empresas estancadas y las familias desempleadas dejaron de pagar impuestos al Estado. Este entró en situación de crisis fiscal profunda: poco ingreso y muchos gastos.
Luego, los defensores del Estado “mínimo” [6] comenzaron a atacar el Estado de Bienestar como el origen de todos los problemas. Siguiendo lo que propugnaba Friedrich Hayek desde los años 1940, en el libro ganador del premio Nobel “Camino de Servidumbre”, el discurso hegemónico pasó a ser que la crisis era una crisis de Estado, de un Estado burocrático, lento e ineficiente, muy grande y que actuaba en sectores que deberían ser del mercado. Curiosamente, olvidaron el entonces reciente colapso del fordismo.
La verdad es que el Estado de Bienestar en el momento de crisis, pasó a ser realmente un obstáculo a los objetivos de los capitalistas. Las ganancias acumuladas en el período de oro del keynesianismo-fordismo en tiempos de disminución de la circulación de mercancías, no tenían donde ser invertidas. El mercado financiero era una opción. Pero con los conocidos límites, pues allá no se produce riqueza real. Era necesario invertir en la economía real para hacer el D generar D’. Pero las posibilidades estaban en las manos del Estado que asumió diversas funciones justo para salvar el capitalismo en los años 1930 y siguientes.
Llegaba la hora de atacar ese Estado para retirarlo de sectores que podrían cambiarse en mercancía – tales como salud, educación, producción de energías, transporte, etc. – dando a los capitalistas medios seguros de invertir sus capitales súper acumulados.
Por el lado de la producción, la solución fue sustituir el fordismo por el toyotismo [7], modelo creado en el Japón en los años 1950 que disponía de todas las características –básicamente la flexibilización, innovación, obsolescencia acelerada de los productos – necesarias para retomar el motor del capitalismo.
Sin embargo, los capitalistas sabían que las dos medidas, tanto en el Estado cuanto en la producción, no podrían limitarse a sus fronteras. Era fundamental expandir ese proyecto a otros países, principalmente porque gran parte de las reformas incidían en los derechos sociales y laborales. En los países marcados por una larga historia de derechos y luchas sociales, esas reformas encontrarían límites.
En ese contexto está América Latina. La primera manera de obligar a los países de esa región a implementar las reformas que generarán espacios de inversiones al capital internacional fue a través del cobro de deudas con tasas de tasa de interés fluctuante en los años 1980 – provocando una profunda crisis fiscal – y a la vez ofreciendo nuevos préstamos condicionados a las reformas orientadas al mercado. Después, el conocido Consenso de Washington, concluía la cartilla de orientaciones a los países para consolidar el modelo neoliberal.
En el final de los años 90, en algunos países, y en el inicio de los 2000, en otros, llegaron las consecuencias de las reformas: crisis económica, social y política. Profunda desigualdad, desempleo, degradación social de todo orden, retorno de enfermedades como malaria y tuberculosis, etc. A partir de la construcción de un sentido crítico en torno a algunos símbolos del neoliberalismo – principalmente la privatización - grupos contra hegemónicos llegan al poder, inaugurando un relativo cambio en la correlación de fuerzas en la región.
Ese período hizo que muchos postularan que asistimos al rompimiento con el neoliberalismo y que, de esta manera, lo que la derecha está haciendo actualmente es recuperarlo. No es lo que nos parece a nosotros.
2ª fase del neoliberalismo en América Latina
En 2003, los ideólogos del Consenso de Washington hicieron un balance de las reformas que llamaron Reformas de 1ª Generación, para entender por qué los países de la región pasaban por crisis, y defendían lo que llamaron Reformas de 2ª Generación.
Según ellos estas reformas deberían tener como objetivos, además de profundizar las reformas de 1ª Generación, contener sus efectos sociales negativos. Sería, parafraseando a Lenin, momento de dar dos pasos atrás y poder dar uno adelante. Para ellos, sería fundamental crear políticas sociales focalizadas para corregir los efectos extremos de la desigualdad; proceder con una reforma institucional – modernización de la infraestructura institucional de una economía de mercado, lo que significa “provisión de bienes públicos, internalizando las externalidades y corrigiendo la distribución de ingresos” (Willamson y Kuczynski, 2004, p. 10)[8].
En Brasil, esas orientaciones fueron seguidas sin grandes desvíos. Las privatizaciones tradicionales – la entrega directa de los activos públicos al sector privado – fueron frenadas, pero la opción central en las obras públicas fueron las llamadas “colaboraciones público-privadas” – las PPPs en portugués – que representan un capitalismo sin riesgo al sector privado, con todas las garantías de ganancias aseguradas por el Estado. Además, todas las políticas sociales fueron realizadas con la condición de que atendieran a los intereses de la burguesía. La educación es un ejemplo bastante ilustrativo. La enseñanza pública creció principalmente a nivel universitario, pero nada comparable al crecimiento del sector privado, con financiamiento directo del Estado. En 2006, Paulo Guedes, uno de los fundadores del think tank Instituto Millenium, socio mayoritario de una de las más importantes Universidades Privadas de Brasil, Instituto Brasileño de Mercado de Capitales – IBMEC – afirmó que “En Brasil, el sector educacional suma aproximadamente 14% del PIB, más que los sectores eléctrico, de petróleo y telecomunicaciones juntos.”[9]
Es por ese motivo que los gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil pueden ser mejor definidos como un período de conciliación de clases. Pero no es el único en la región.
La crisis actual y la necesidad de la burguesía de hacer cambios urgentes
La crisis actual se ha caracterizado por sucesivos estancamientos en las tasas de ganancia del sector privado, principalmente a partir de la segunda década del siglo XXI. Los datos disponibles en el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE) muestran que en ese país, en la primera década de los 2000, la tasa de ganancia empresarial fue sistemáticamente creciente, con excepción de 2008, por cuenta de la crisis iniciada en los EE.UU. Los datos muestran también que aunque el salario medio real haya crecido, siempre se ha mantenido más bajo que la productividad marginal del capital. Ya a partir de 2010, ocurre al revés, el salario pasa a ser más alto que la productividad del capital.
El efecto de esa inversión es directo en la tasa de ganancia. Así, la burguesía veía urgente ejecutar reformas para salvarla de su crisis en cuatro dimensiones básicas:
1. Reformas laborales que permitan la súper explotación del trabajo – bajo flexibilización del mercado laboral – para alterar ese cuadro arriba presentado;
2. Corte de gastos sociales para liberar los recursos del Estado al empresariado;
3. Pago de la deuda internacional para mantener la credibilidad;
4. Reformas que crean más espacios de ganancia a la burguesía, por medio de las privatizaciones.
La presidenta Dilma Rousseff, principalmente en su segundo gobierno, se ha mostrado dispuesta a atender las exigencias del mercado. El nombramiento del Ministro de Hacienda, Joaquim Levy, un banquero ligado a unos de los mayores bancos brasileños – Bradesco – fue la más directa indicación en ese sentido. No obstante, la burguesía sabía que ella tendría dificultades con su base, por sus relaciones históricas, para hacer las reformas en la velocidad que ellos querían. Las elecciones de 2014 garantizaron el dominio del Congreso por la burguesía. En 2015, el Poder Judicial también ya estaba hegemonizado por la clase dominante. Faltaba el Poder Ejecutivo. Con el apoyo masivo, extensivo y sin pudores de los medios, la opinión pública pasó luego a resonar las palabras de orden creadas por los think tanks y los agentes del empresariado de São Paulo, “fuera Dilma, fuera PT” [10]. Así, el golpe parlamentario ocurrió sin problemas.
Regresando a la pregunta inicial
¿Qué relación tiene el contexto de Brasil con la región? Intentamos mostrar en ese texto que en Brasil la burguesía encontró las condiciones adecuadas para continuar su proyecto. No hay un nuevo plan, ni tampoco un retorno de los años 1980-90. Es el seguimiento del mismo proyecto llevado a la radicalidad, puesto que, cuando empezó, no había en la región las condiciones – la correlación de fuerzas – necesarias para ello. Ahora las hay.
No se trata de un plan nacional. Como dijimos anteriormente, el capital no tiene patria. En Argentina, aunque Macri haya llegado al poder antes de Temer, no consiguió el mismo éxito desde el punto de vista de la burguesía. Está usando el ejemplo de Brasil para aprobar su reforma laboral. Lo que pasa en Venezuela es nada menos que el intento de eliminar la más incómoda resistencia a ese proyecto en la región, y así poder expandirlo con facilidad a los demás países. Son apenas los ejemplos más expresivos. Es hora de quedarnos atentos.
*Agatha Justen es docente e investigadora de la Universidad Federal Fluminense, UFF, Río de Janeiro.
Notas
[1] Encuesta realizada en el 27 de julio de este año.
[2] En los años 1990, fue aprobada la primera ley de tercerización. Esa ley legalizaba las actividades consideradas “medio”, o sea, actividades que no atendían a los propósitos de las empresas. Como ejemplo, en las universidades, las funciones de limpieza y vigilancia fueron tercerizadas. Esa nueva ley, aprobada en este año, permite la tercerización de todas las actividades. En nuestro mismo ejemplo, a partir de ahora, los maestros, investigadores y técnicos-administrativos pueden ser tercerizados por las universidades.
[3] Índice elaborado por la agencia de riesgo brasileña Austin Rating y publicado en http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/08/desemprego-no-brasil-e-o-7-maior-do-mundo-em-ranking-com-51-paises.html
[4] http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/07/crise-e-cortes-de-orcamento-fazem-ciencia-brasileira-entrar-em-decadencia.html
[5] Ver, por ejemplo, Eduardo Fagnani, profesor/investigador de la Unicamp, en http://www.sinesp.org.br/index.php/2197-economista-da-unicamp-afirma-que-se-a-reforma-da-previdencia-passar-velhos-morrerao-embaixo-da-ponte
[6] No es el “mínimo” de la economía clásica, al estilo de la mano invisible. Aquí la idea es de un Estado minorizado, que solo actúa donde y cuando es llamado.
[7] Resumidamente, son características del toyotismo: automatización, extensiva reducción del número de trabajadores, multifuncionalidad, horizontalización, diversificación, obsolescencia programada, tercerización, etc.
[8] Traducción libre de Willamson, J.; Kuczynski, P.P. (2004). Depois do Consenso de Washington: Uma Agenda para Reforma Econômica na América Latina. São Paulo: Saraiva.
[9] Periódico Época, 20/03/2006.
[10] Ahí se incluye desde “fuera Dilma, fuera PT”, como “Lula ladrón”, “muerte a todos de PT”, expresando, en el nombre de la lucha contra la corrupción, un odio direccionado a un único partido político, “Juez Sergio Moro, salvador de la patria”, y cosas más extravagantes, como “intervención militar ya”.