El uso de formas de violencia extrema por parte de las élites en el poder es recurrente en momentos de agudización de las luchas sociales. Son numerosos los episodios en que las fuerzas policiales y militares han recurrido a las detenciones masivas, la tortura, las violaciones, secuestros y ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzosos de población, masacres y la desaparición de poblados completos.
Sin embargo, es conveniente identificar en cada momento las formas, los blancos y los fines de estas formas de violencia. En América Latina, las poblaciones indígenas y campesinas han enfrentado con mayor frecuencia este tipo de trato, con la certeza de las élites gobernantes de que tendrán una mayor impunidad. En los ámbitos urbanos, esta violencia extrema suele concentrarse en los barrios obreros y en las zonas marginales. Se trata de situaciones excepcionales cuando estas formas de violencia se generalizan.
A finales de la década de 1960, época de insurgencia estudiantil en el mundo y en particular en América Latina, comenzó una de esas etapas de violencia generalizada, que se prolongó hasta la década de1980 y cuyos efectos aún perduran en estos tiempos, cuando la violencia extrema ha tomado otras características distintivas, más caracterizadas por la criminalidad que por sus aspectos políticos.
Los responsables de ese terrorismo de Estado elaboraron en los años 70 explicaciones como la denominada teoría de los dos demonios en Argentina: a saber, que el terrorismo de Estado fue una mera respuesta a la violencia de la subversión, de los grupos guerrilleros revolucionarios. Pero en realidad, en los casos que aborda este artículo, esas prácticas de violencia estatal tuvieron como primeros blancos urbanos a los sindicatos y los movimientos estudiantiles. Los datos que aquí se exponen tuvieron su origen en una investigación sobre las rebeliones estudiantiles de 1968 y 1969 en Brasil, Uruguay, México y Argentina, cuatro países en donde se habían vivido las principales experiencias populistas de América Latina.
El planteamiento que se presenta en este texto es que el final de las experiencias populistas y el surgimiento de la Revolución cubana condujeron a una polarización en las sociedades latinoamericanas. Se enfrentaban por un lado los sectores de la oligarquía rural y la burguesía financiera que asumieron la conducción económica de sus países en alianza con el capital externo, a veces por medio de gobiernos militares, y cuyos regímenes se caracterizaron por la gradual cancelación de los derechos políticos y el creciente uso de medidas de excepción. Del otro lado, algunos sectores populares, obreros y de clase media que plantearon la necesidad de ir más allá de las políticas populistas, asumiendo en algunos casos posiciones antiimperialistas y socialistas, junto con sectores cada vez más amplios que demandaban la restauración de las libertades democráticas que iban siendo canceladas.
Es de subrayar las semejanzas entre las respuestas de regímenes de distinta naturaleza, pero que en última instancia mostraban así que respondían a los mismos intereses: las dictaduras militares en Brasil y Argentina, el régimen democrático uruguayo, y el presuntamente revolucionario gobierno mexicano. A todos los guiaba un anticomunismo alineado con las políticas estadounidenses en la Guerra Fría, y todos adoptaron el mismo tipo de doctrinas contrainsurgentes, que identificaban cualquier muestra de descontento social con la subversión, y abordaban los movimientos sociales como problemas de orden público, que con facilidad se convertían en cuestiones de seguridad nacional.
Cuando se desarrollaron los movimientos estudiantiles de 1968 y agruparon a sectores cada vez más amplios, con demandas de restablecimiento de los derechos constitucionales plenos, y en cuyo seno se difundían posiciones más radicales, y ante la ineficacia de los recursos policiacos para contenerlos, las autoridades de cada país hicieron intervenir al ejército, al tiempo que desarrollaban operaciones de provocación para señalar a los opositores ante la opinión pública como subversivos, y para encontrar una mínima justificación legal, aunque fuera falaz, para la represión. Las acciones represivas incluyeron la infiltración de informantes y provocadores, detenciones en dependencias militares, uso de cuerpos militares encubiertos, planificación de secuestros y desapariciones. La formación de grupos militares clandestinos de élite, como el Parasar en Brasil o el Batallón Olimpia en México, no fue una situación excepcional, sino que formaba parte de ese entramado. A continuación, este artículo hará una exposición más pormenorizada de este proceso.
1.
El populismo en América Latina se sostuvo entre las décadas de 1930 y 1950 basado en la contención de los conflictos de clase mediante concesiones mutuas entre la burguesía y el proletariado, con proyectos de industrialización y con la nacionalización de recursos estratégicos como el petróleo. La recuperación de los precios de las materias primas de exportación permitió financiar la producción de bienes de consumo. Los regímenes populistas reconocieron la importancia de las clases trabajadoras alentando su organización -encuadrada en favor propio y movilizándola en contra de rivales como la oligarquía, la Iglesia o ciertos capitales externos-, aumentaron sus niveles de ingreso y consumo, y les concedieron prestaciones sociales y beneficios. Sin embargo, hacia finales de la década de 1950, ante la baja de los precios de exportación de las materias primas, conservar esos beneficios y mantener la producción interna de bienes de consumo se hizo insostenible. La opción fue limitar los ingresos de los trabajadores mediante políticas de restricción salarial, lo que puso a las organizaciones sindicales ante la alternativa del sometimiento o el aplastamiento. En Argentina y Brasil, los sectores oligárquicos resolvieron la cuestión con el derrocamiento de Perón en 1955, en el primer caso, y con el golpe contra Joao Goulart en 1964 en el segundo. En Uruguay, el viraje en favor de las élites comenzó con la llegada del Partido Nacional (Blanco) al gobierno en 1958. En México, el proceso fue más gradual, con momentos clave como la represión a los sindicatos independientes entre 1958 y 1960, el cese del reparto agrario y la proliferación de empresas privadas de bienes y servicios a la sombra de las industrias nacionalizadas.
Estos reacomodos, a decir de Ruy Mauro Marini, correspondían al “desprendimiento progresivo de una capa burguesa, constituida por el gran capital nacional y extranjero”, que al buscar un control más directo sobre los aparatos de toma de decisiones, entraba en conflicto “con las demás capas burguesas, así como con la pequeña burguesía y con las amplias masas trabajadoras”, lo que condujo a “romper los antiguos esquemas de alianzas de clases en que la burguesía basó hasta las años sesenta su sistema de dominación en América Latina” [i]. La cancelación de los mecanismos de concertación y mediación llegaron en Argentina y Brasil hasta la desaparición de instituciones de la propia democracia burguesa, como los partidos, y la sustitución de las normas constitucionales por decretos de excepción. En Uruguay se volvió usual la aplicación de las Medidas Prontas de Seguridad (MPS) que restringían una serie de derechos políticos, y en México aumentó la discrecionalidad de la Presidencia, que siempre contó con la complacencia del Congreso y los tribunales, de manera que el ejercicio de los derechos constitucionales era una ficción que dependía de la buena voluntad del Ejecutivo.
Entre las clases medias, algunos sectores tomaban partido por el orden, aun a costa de sus derechos políticos, mientras que otros se agruparon en defensa de la democracia parlamentaria y los derechos constitucionales. A la par, entre los sindicatos algunas corrientes se negaron a aceptar el sometimiento que se les imponía y fueron pasando de una lógica de “masas” propia del populismo, a una lógica de “clase”, con una acción más autónoma [ii]. Esto ocurrió en particular en Argentina, en el seno de la resistencia peronista y entre las filas de la CGT, con el desprendimiento en 1968 de la CGT de los Argentinos (CGTA), y en Uruguay con la fusión de distintas corrientes sindicales en la CNT. Ambas centrales funcionaron en esos años no sólo como organismos laborales, sino como verdaderas expresiones políticas de los trabajadores.
2.
La Revolución cubana fue un suceso que tuvo repercusión continental y que provocó alineamientos entre las fuerzas políticas de cada país en torno a temas polémicos como la legitimidad de la lucha armada, la viabilidad del socialismo en América Latina, las limitaciones de los partidos de izquierda -el socialismo y el comunismo prosoviético-, el agotamiento de la democracia burguesa, la prioridad de los derechos sociales o de las libertades políticas. Por otra parte, Estados Unidos enfocó la situación en Cuba como una injerencia soviética que afectaba el equilibrio de la Guerra Fría y amenazaba el orden dentro de su área de influencia, mientras que los gobiernos autoritarios consideraron el ejemplo de Cuba como un peligro para su estabilidad interna. De este modo, Estados Unidos y sus aliados impulsaron políticas para derrocar al gobierno revolucionario, como la fallida invasión de Playa Girón en 1961, o para aislarlo mediante la expulsión de la OEA, el bloqueo y la ruptura de relaciones, y a la vez para combatir las insurgencias internas. A mediados de 1967 se produjo un momento crucial para que Estados Unidos y sus aliados conjuntaran la hostilidad contra Cuba y la contrainsurgencia interna, cuando la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) emitió una declaración en favor de la lucha armada como la forma principal de acción para la liberación de los pueblos del área. La adhesión a esa declaración sería usada en Uruguay para proscribir a varias organizaciones y publicaciones de izquierda a finales del 67, en el primer acto de gobierno del presidente Pacheco Areco, y en México se utilizaría como “prueba” en los juicios a los dirigentes de 1968 sobre la existencia de un plan subversivo internacional para derrocar al gobierno.
El surgimiento de insurgencias campesinas en países como Colombia o Perú, la aparición de grupos que emulaban la experiencia cubana y la creciente conflictividad social llevaron al desarrollo de planes y políticas contrainsurgentes de gran escala. Estados Unidos impulsó en la OEA la Alianza para el Progreso, que buscaba garantizar la presencia de la autoridad estatal en todos los rincones rurales de América Latina mediante obras públicas y proyectos de asistencia, en paralelo con planes de entrenamiento policial y militar, como se comprobó con el secuestro y ejecución del torturador Dan Mitrione en Uruguay. A la luz de la derrota del ejército batistiano en Cuba y de las experiencias de la guerra colonial francesa en Argelia y de la intervención estadounidense en Vietnam, se fueron desarrollando las doctrinas que guiarían a la contrainsurgencia en América Latina. Bajo la influencia de Estados Unidos, las doctrinas militares, que hasta entonces partían de la hipótesis de la defensa ante una agresión externa, incorporaron dos postulados: la hipótesis del conflicto interno contra la “subversión”, el “enemigo ideológico, el infiltrado comunista y la agitación guerrillera”, así como la noción del desarrollo y la infraestructura como elementos de la seguridad interna [iii].
Un ejemplo de esta elaboración está en el manual de la Escuela Superior de Guerra de Brasil. A partir de las concepciones de la contrainsurgencia francesa y estadounidense, el texto hacía una caracterización de la “guerra insurreccional”, “guerra revolucionaria”, “subversión”, “acción psicológica” y “guerra psicológica”, en el marco de la Guerra Fría, como prioridades en la acción militar, al considerar que “la guerra revolucionaria es [...] la forma moderna de guerra que, en la actual coyuntura, está siendo impuesta a los países del bloque occidental” [iv]. Bajo esta óptica, los movimientos sociales eran evaluados como potenciales casos de subversión.
Brasil y Argentina son dos casos que podemos considerar inaugurales en lo que Marini denomina “Estados de contrainsurgencia” [v]. El gobierno de Goulart en Brasil fue derrocado luego de que, a los ojos de la derecha, no sólo se mostrara incapaz de controlar a las clases trabajadoras, sino que les permitiera además desarrollar “manifestaciones claras de un programa subversivo” [vi]; en Argentina, los militares, que intervinieron cada vez que los gobiernos de la UCR permitieron la participación electoral del peronismo, optaron por tomar el control directo al considerar que el régimen electoral no daba suficientes garantías para mantener el orden. En ambos casos, fue importante la movilización de sectores de las clases medias, atemorizados por la presunta amenaza del “comunismo” y de “una segunda Cuba”, para dar una base social a la intervención del Ejército.
El golpe de 1964 en Brasil y el de 1966 en Argentina tuvieron objetivos refundadores en sus respectivas sociedades, y daban especial protagonismo a los militares y los cuerpos de seguridad. Los militares en esos países se habían arrogado el papel de garantes de un orden que no reconocía primacía alguna al régimen constitucional y sus instituciones, sino que respondían, en última instancia, a la defensa de un orden que trascendía el marco legal, defendían el statu quo de la sociedad de clases y el orden jerárquico vigente. Si los mecanismos parlamentarios y electorales interferían con los propósitos de las clases dominantes y del ejército, eran suprimidos. Cada caso presentaba sus propias especificidades. Así, en su primera etapa, de 1964 a 1968, la dictadura brasileña mantuvo en funcionamiento un sistema de partidos y un parlamento con límites muy estrictos, aunque esos vestigios de democracia parlamentaria fueron abolidos después de la ola de 1968. En Argentina, en cambio, el golpe de Onganía, que buscaba suprimir “tres males centrales”: el populismo, el marxismo y el pluripartidismo [vii], suprimió desde sus inicios el sistema de partidos y los órganos parlamentarios, que pretendía sustituir con un régimen corporativista basado en organismos consultivos con participación multisectorial, que podríamos considerar émulo del fascismo o del franquismo español y su sistema de “sindicatos verticales”.
Las doctrinas contrainsurgentes calificaban como subversión a un conjunto cada vez más amplio y diverso de organizaciones, formas de lucha y protesta, e incluso variadas prácticas culturales y expresiones artísticas, y las autoridades recurrían con frecuencia creciente a medidas de excepción y a la restricción de los derechos constitucionales, lo que se sumaba a la tradicional utilización sesgada, parcial y por consigna de la legalidad y el derecho, en contra de sus opositores. La contrainsurgencia se convirtió en el eje de las políticas del Estado bajo las dictaduras en Argentina y Brasil, pero también en el democrático Uruguay, abriendo lo que Álvaro Rico define como una etapa de “gobiernos bajo decreto” [viii].
3.
Por diversas razones, las universidades permanecieron en esos años como uno de los últimos reductos para la discusión, la crítica y la organización política independiente, si bien cada vez más sometidas al acoso gubernamental mediante la anulación de la autonomía, la restricción del presupuesto, la intervención policial y militar, o la actividad de grupos de choque.
En 1968, en un ambiente internacional de rebelión estudiantil, varios gobiernos latinoamericanos pasaron del acoso a la agresión directa contra espacios universitarios o estudiantiles. La existencia de organizaciones representativas de masas, la defensa de los espacios escolares, la capacidad de movilización en las calles con tácticas como las acciones o mítines “relámpago”, así como la confluencia de sectores que defendían el restablecimiento de los derechos constitucionales con organizaciones que postulaban la lucha revolucionaria, dieron a los movimientos estudiantiles de 1968 una amplitud y una persistencia que dificultaba la acción represiva gubernamental. Con rapidez, las exigencias de cese de la represión, que se mantuvieron como el eje vertebral de las movilizaciones, dieron pie a una serie de reclamos contra la dictadura en Argentina y Brasil, por el restablecimiento de los derechos constitucionales en México y Uruguay, así como la búsqueda de alianzas con organizaciones obreras y sindicales independientes, y la formación de núcleos para una lucha a largo plazo por una transformación radical de la sociedad, que se consideraba inevitable.
En Brasil, en vísperas del cuarto aniversario del golpe militar, a finales de marzo de 1968, la policía militar asesinó al estudiante Edson Luiz en Río de Janeiro, lo que produjo una oleada de protestas en todo el país, que a su vez permitieron la reorganización de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), que subsistía en la clandestinidad. El movimiento estudiantil brasileño encabezó varias oleadas de movilizaciones entre marzo y abril, en junio y en octubre de ese año. Ante la adhesión de diversos sectores que reclamaban en fin de la dictadura, el gobierno militar terminó por endurecer la represión, y en diciembre de 1968 dictó su Acto Institucional Nº5, que suprimió el Congreso, los partidos y confirió poderes casi absolutos al Ejecutivo, facultándolo a suspender los derechos políticos de cualquier ciudadano, destituir autoridades electas, suspender las garantías de hábeas corpus, y decretar y prorrogar el estado de sitio. [ix]
En Uruguay, las movilizaciones comenzaron a raíz de la represión policial contra la marcha del 1° de mayo y las protestas de estudiantes de enseñanza media contra el aumento de tarifas de transporte. En junio, la agitación creció cuando la policía atacó a tiros a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), que iniciaba manifestaciones para reclamar la entrega del presupuesto a la Universidad de la República, y el gobierno impuso las Medidas Prontas de Seguridad (MPS) para frenar las movilizaciones y someter a la justicia militar a los trabajadores que recurrieran a las huelgas y paros laborales. La FEUU formó un frente con la central sindical CNT, que durante meses se mantuvieron en lucha contra las MPS. Las movilizaciones culminaron tras la muerte en agosto y septiembre de tres estudiantes, y después que el gobierno impuso un cerco militar durante un mes a las instituciones educativas.
En México, luego de la intervención policial en varias escuelas de educación media, la policía reprimió una marcha conmemorativa de la revolución cubana el 26 de julio de 1968 y puso cerco a varios planteles durante varios días, hasta que intervino el Ejército. A raíz de esas acciones, se declaró una huelga general estudiantil y se conformó el Consejo Nacional de Huelga (CNH). El movimiento, que reclamaba varias medidas contra la represión y un diálogo público contra el gobierno, se sostuvo durante más de dos meses. Diez días antes de que comenzaran las Olimpiadas en la Ciudad de México, el ejército masacró una manifestación estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, y detuvo a gran parte de los integrantes del CNH.
Finalmente, en Argentina, también a raíz de la represión policial contra movilizaciones estudiantiles y sindicales en varias ciudades, se produjeron las rebeliones sociales de mayo de 1969 conocidas como el Rosariazo y el Cordobazo, en las cuales, trabajadores y estudiantes ocuparon por unos días las ciudades de Rosario y Córdoba, hasta que el ejército intervino, detuvo a algunos de los dirigentes y los sometió a consejos de guerra.
Para los fines de este artículo, señalaremos dos características de esas jornadas de 1968 y 1969: por una parte, la ya mencionada conjunción de sectores con demandas democráticas y objetivos revolucionarios. Por otro, la instrumentación de medidas represivas que prefiguraban el terrorismo de Estado de la década siguiente. Este segundo aspecto lo abordaremos en el siguiente apartado.
4.
Cabe recalcar que la represión no se ejercía de manera arbitraria, sino según una lógica, y que estaba sistematizada por varios instrumentos que le daban visos de legalidad, aunque en muchos casos fueran en realidad anticonstitucionales. La represión de los movimientos sociales se articulaba mediante regulaciones que, siendo de excepción, se convertían cada vez con mayor frecuencia en la norma.
En Brasil, la Constitución había sido sustituida por una serie de cuatro Actos Institucionales, que de acuerdo con la coyuntura, iban restringiendo cada vez más derechos políticos; en las universidades, a raíz del golpe, se aplicaban las leyes de Seguridad Nacional a través de comisiones de investigación policial militar o IPM. En Argentina, el Acta de la Revolución Argentina daba “el poder político y militar de la República” a la Junta Revolucionaria formada por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, y disolvía al Congreso e intervenía al Poder Judicial [x]. La represión se aplicaba de acuerdo con el plan Conintes (Conmoción Interna del Estado), que se basaba en una gradación que preveía primero la actuación de las tropas policiales, luego las de Seguridad, y de ser insuficientes, se recurría a las Fuerzas Armadas y los Consejos de Guerra, en sustitución de los tribunales regulares. En mayo de 1969, esas cortes marciales dictaron condenas contra civiles en Rosario y Córdoba, incluyendo sentencias a los dirigentes sindicales Agustín Tosco y Elpidio Torres, estudiantes, e incluso al sacerdote Milán Viscovich, quien luego fue liberado.
En Uruguay, las Medidas Prontas de Seguridad (MPS) estaban previstas en el artículo 168 de la Constitución para “casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior” [xi]. No era el caso de las MPS impuestas el 13 de junio de 1968, que fueron utilizadas para congelar precios y salarios, y suspender las negociaciones salariales y contractuales. Al amparo de este régimen de excepción, el gobierno sometió a disciplina militar a empleados del Banco Central y del Banco de la República, obreros de UTE, OSE y ANCAP, y 51 sindicalistas fueron trasladados a cuarteles. En septiembre, en los mismos días de la clausura de la Universidad, el gobierno dispuso la militarización del transporte, con instrucción militar y trabajos forzados a trabajadores de UTE, sumarios a portuarios, la clausura de la sede de la CNT en Montevideo, y las de Bancarios en todo el país [xii].
En México, los instrumentos legales para la represión eran los artículos 145 y 145 bis del Código Penal. Ese artículo, que tipificaba el delito de “disolución social”, había sido creado para limitar las actividades nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pero era usado para penalizar a la oposición política y había sido utilizada en contra de los estudiantes del Politécnico durante una huelga en 1956 y contra dirigentes del sindicato ferrocarrilero en 1959. En 1968, el presidente Díaz Ordaz se amparó en el Artículo 89 de la Constitución, que lo facultaba a “disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del ejército terrestre, de la marina de guerra y de la fuerza aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación” [xiii]. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional contaba con su Plan DN-II, concebido para afrontar a un enemigo interno “armado o no armado que cuestione las instituciones del Estado” para desarrollar sus acciones. José Luis Piñeyro apunta que el DN II, aplicado en 1968, tiene un “aspecto preventivo de la mayoría de las acciones militares contra la subversión armada o en general contra los diversos disturbios civiles”, y que “requiere de una especie de minifuerza de despliegue rápido con capacidad de movilización de tropas selectas, diverso armamento ligero, y transporte aéreo y terrestre que pueda saturar de forma contundente un teatro de operaciones específico”. [xiv]
Entre los gobiernos que hicieron frente a los movimientos estudiantiles, existían sectores partidarios de la negociación, que planteaban cooptar a determinados segmentos de los movimientos y así escindirlos, a fin de aislar y reprimir con mayor facilidad a los grupos más radicales. Otros sectores, caracterizados como “ala dura” de los respectivos regímenes, prepararon otro tipo de acciones e impusieron las salidas de fuerza.
Luego de la primera oleada represiva de 1968, que tuvo un carácter principalmente policial, el fortalecimiento de los movimientos y la persistencia de las grandes movilizaciones llevó a las autoridades a la utilización del ejército enfocando la situación como un problema de seguridad nacional. No se trataba ya de restablecer la calma solamente, sino de derrotar a un “enemigo interno”. El Consejo de Seguridad Nacional brasileño prohibió a principios de julio de 1968 que se realizaran nuevas manifestaciones; el 1° de septiembre, el presidente mexicano Díaz Ordaz en su informe presidencial, como el presidente uruguayo Pacheco Areco en un mensaje a la nación un día despúes, advirtieron el uso de la fuerza militar contra los estudiantes; el gobernador Caballero, de la provincia argentina de Córdoba, también notificó la intervención del ejército el 29 de mayo de 1969.
5.
A raíz de estos anuncios, las ciudades afectadas por los movimientos presenciaron el despliegue continuo y cotidiano de vehículos y patrullas militares en las calles, junto con la policía, en labores de patrullaje intensivo, en particular en torno a las escuelas y edificios universitarios. Las tropas usaban vehículos blindados, incluso tanques, con armamento a la vista, a veces con armas pesadas e incluso piezas de artillería, con lo que se buscaba impedir que los estudiantes se reunieran o realizaran acciones de propaganda, así como intimidar a la población. Los militares utilizaban para sus comunicaciones los entonces novedosos transmisores-receptores de campaña o walkie-talkies.
Junto con ese despliegue, se producían tiroteos y atentados contra escuelas y planteles educativos, muchas veces nocturnos y desde vehículos en marcha, sin que se investigara ni identificara a los autores, al tiempo que se intensificaba la presencia de grupos de choque y paramilitares en acciones contra las asambleas y reuniones estudiantiles. En México, el CNH hacía en septiembre un balance de “7 escuelas y 31 estudiantes balaceados, 47 estudiantes detenidos y varios maestros golpeados en los últimos días”.[xv]
La estrategia represiva también incluyó incursiones, allanamientos y ocupaciones militares en las escuelas, como ocurrió con frecuencia en distintas facultades y edificios en Montevideo [xvi]; el arresto masivo en junio de los asistentes a la Universidad de Río de Janeiro, donde las tropas irrumpieron con bayoneta calada [xvii]; y el asalto la Universidad de Brasilia en agosto; y en la Ciudad Universitaria y el Casco de Santo Tomás, en la capital mexicana, en septiembre. Se trataba de acosar a los estudiantes, detener a los dirigentes y quitar al movimiento sus espacios de actividad y reunión.
Las autoridades presentaron estas acciones como medidas necesarias para frenar presuntas conspiraciones subversivas. Hubo montajes que acusaban a los estudiantes de estar armados; de preparar explosivos, como se pretendió en Uruguay en un allanamiento en septiembre a Bellas Artes, con el “hallazgo” de las cápsulas de gases lacrimógenos disparadas por los propios agentes, botellas vacías que, se aseguraba, serían usadas para fabricar molotovs, ácidos y materiales inflamables, así como fuegos artificiales y material de curación que fueron presentados por el Ministerio de Cultura como “explosivos de alta peligrosidad” y como un “hospital de campaña”. [xviii]
En Brasil, se pretendió acusar a los estudiantes de matar policías o militares, e involucrarlos en casos en que en realidad estaban implicados grupos paramilitares como el Comando de Caza de Comunistas (CCC), como los asesinatos del capitán estadounidense Chandler, el mayor del ejército alemán Maximilien von Westterhagen y el secuestro del destituido exembajador brasileño Jaime de Azevedo Rodrigues. Selser afirmaba que al ser detenidos algunos de los implicados, “se comprobó que pertenecían a un grupo de extrema derecha que utilizaba las perfeccionadas técnicas de comando para operar como organización paramilitar, con pertrechos de guerra, abundante provisión de dinamita [...] y una actuación disciplinada hasta en los menores detalles”.[xix]
En estos casos, los estudiantes detenidos eran sometidos a tortura y chantaje para obtener “confesiones” o declaraciones incriminatorias: entre numerosas denuncias, podemos citar el caso de un integrante del Comité de Movilización en Bellas Artes en Uruguay, Marcelino Guerra; o del integrante del CNH mexicano, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, detenido en septiembre en México y sometido a tortura y a un simulacro de castración y fusilamiento [xx]. Se recurrió a la copiosa información captada por decenas de agentes infiltrados en el movimiento, a la prensa y a los tribunales para culpabilizar a los estudiantes por la violencia.
Como parte de este entramado, se habían organizado cuerpos militares clandestinos. En Brasil, por ejemplo, el “ala dura” del gobierno militar estuvo implicada en una serie de actos de provocación destinados a endurecer la represión, y en la creación de un grupo clandestino de militares de élite. Esta operación, diseñada por la Aeronáutica desde abril, preveía el asesinato de los líderes estudiantiles durante las manifestaciones, y para ello preveía utilizar al Parasar, un cuerpo de élite formado por 153 efectivos adiestrados para operaciones de rescate, dependiente del Directorio de Rutas Aéreas, con cuartel en la Escuela de Aeronáutica de Campo dos Afonsos [xxi]. El 14 de junio se notificó a los militares que su tarea podía incluir “la eliminación física o la desaparición de los elementos considerados inconvenientes a nivel político o militar”. El plan fue revelado por el diputado Maurilio Ferreira Lima el 2 de octubre, con base en informes de los propios paracaidistas que se negaron a participar en el plan [xxii]. De acuerdo con otro legislador, el diputado Hélio Navarro, los mandos de la Aeronáutica tenían dos listas de políticos “dignos de ser tenidos en cuenta […] una de los considerados 'recuperables' y otra de 'definitivamente irrecuperables'” [xxiii]. Aunque el Parasar no entró en operaciones en 1968, el “ala dura” de la dictadura brasileña había abierto el camino a las acciones paramilitares clandestinas que se aplicarían a gran escala en los años siguientes.
En México, según denunció el movimiento en su momento, y como recogió luego Raúl Álvarez Garín, la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco fue perpetrada a partir de una provocación del batallón Olimpia, un cuerpo de élite creado originalmente para resguardar los Juegos Olímpicos, cuyos elementos se infiltraron vestidos de civil entre los estudiantes, y que dispararon contra el ejército desplegado en la Plaza de las Tres Culturas. Álvarez Garín indica que la existencia de varios cercos policiacos y militares concéntricos, el control policiaco sobre hospitales civiles y servicios forenses, el traslado inmediato de los dirigentes detenidos al Campo Militar N°1 y la rapidez y coordinación entre las dependencias gubernamentales que intervinieron directamente “muestran cabalmente que el gobierno tenía preparado un golpe definitivo del movimiento” [xxiv]
Todas estas formas de intervención militar, bajo estado de excepción o como violación flagrante de la Constitución y de la legalidad, constituyeron verdaderas operaciones de contrainsurgencia aplicadas contra sectores de la población civil, cuya “amenaza al orden” era la exigencia de restablecer los derechos políticos constitucionales; tal fue el desenlace que las autoridades gubernamentales decidieron para uno de los momentos más intensos de movilización social en las ciudades latinoamericanas del siglo XX.
Esas represiones marcaron pautas para los conflictos sociales de los años siguientes en cada uno de estos países. El final de 1968 representó en Brasil el inicio de la etapa más brutal de la represión bajo la dictadura, y la puesta en marcha efectiva de planes de secuestros y asesinatos políticos como los que había delineado la Aeronáutica. En Uruguay, 1968 fue el inicio de la etapa conocida como “el autoritarismo”, pero también de la efervescencia de la lucha guerrillera del MLN Tupamaros y otras luchas sociales, cuyo desenlace fue el golpe militar de 1973. Los estudiantes mexicanos demorarían tres años en volver a intentar manifestarse, para encontrarse con otra matanza el 10 de junio de 1971; las autoridades mexicanas comenzaron en 1969 la práctica de las desapariciones forzadas, que aumentarían durante los dos sexenios siguientes con la “guerra sucia” contra la guerrilla en zonas rurales como Guerrero. En Argentina, el Cordobazo también marcó el inicio de un periodo de intensas luchas y organización, que llevaría a la caída de la dictadura y el retorno de Perón en los años siguientes, con un incremento de la violencia estatal y paramilitar que, a finales de 1970, inauguró las desapariciones forzadas con el secuestro del abogado Néstor Martins, realizada por presuntos grupos parapoliciales. En otros países, el terrorismo de Estado alcanzaría también elevadas cotas, como Chile después del golpe militar de 1973, o las naciones centroamericanas entre las décadas de 1960 y 1980.
Tras esbozar aquí el inicio de las prácticas del terrorismo de Estado en la década de 1960, queremos cerrar subrayando los siguientes aspectos: no se trató de una respuesta a la violencia guerrillera o “subversiva”, sino de acciones contra sectores de la población civil implicadas en movimientos de masas; no se trató de “excesos” militares, sino que se trató de un progresivo endurecimiento de las acciones represivas para sofocar el descontento social, en el que estuvieron involucrados sectores políticos y empresariales, la prensa y los órganos judiciales; y que, sin obviar que se trató de conflictos con profundas raíces internas, el gobierno de Estados Unidos aportó en la elaboración de las doctrinas, con asesores y equipamiento a estas políticas de terror, y no solamente su anuencia o su respaldo político.
* Sergio Blaz es historiador y periodista mexicano.
Referencias:
i) Marini, El reformismo y la contrarrevolución, México, Era, 1976, p. 235 y 236
ii) Sergio Zermeño, México, una democracia utópica, México, Siglo XXI, 1978, p. 293
iii) Guillermo Martín Caviasca, “La actuación del General Jorge Carcagno en la X Conferencia de Ejércitos Americanos en Caracas”, consultado en internet
iv) Conceituaçao de Guerra Insurreccional, p. 17, Documentos Revelados, Fondo Aluízio Palmar, disponible en http://www.documentosrevelados.com.br/categoria/conjunto-de-documentos-referente-a-militancia-politica-de-aluizio-palmar/
v) Marini, “El Estado de Contrainsurgencia”, en Cuadernos Políticos, N° 18, México, Octubre-diciembre de 1978, pp. 21 a 29
vi) Luís Antonio Groppo, Uma onda mundial de revoltas: movimentos estudantís nos anos 1960, Tesis de doctorado, Sao Paulo, Universidad Estadual de Campinas, 2000., p. 220
vii) César Tchach, De la revolución libertadora al cordobazo, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012, pp. 213 y 214
viii) Álvaro Rico, “Sobre el autoritarismo y el golpe de Estado. La dictadura y el dictador”, en Carlos Demasi et. al., La dictadura Cívico-Militar. Uruguay 1973-1985, pp. 179 a 246, p. 189
ix) Cátia Faría, “Radicalizando a Repressão: a lesiglacão da ditadura brasileira (1964-1979)”, en Revista Electrónica Tempo Presente, Rede de Estudos Tempo Presente, Año 4, N°33, Río de Janeiro, 2009
x) Liliana Caraballo et al, Documentos de historia argentina 1955-1976, Buenos Aires, Eudeba, 2011, p. 115
xi) Alain Labrousse, Los tupamaros. Guerrilla urbana en el Uruguay, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1971
xii) Héctor Rodríguez, “1968: el año de la congelación”, Revista Marcha, Montevideo, 27 de diciembre de 1968
xiii) Gustavo Díaz Ordaz, Informe presidencial de 1968, en Informes presidenciales, México, Cámara de Diputados, 2006, p. 264
xiv) José Luis Piñeyro, “Las Fuerzas Armadas y la guerrilla rural en México. Pasado y presente”, en Verónica Oikion Solano y Marta Eugenia García Ugarte, eds., Movimientos armados en México. Siglo XX, México, El Colegio de Michoacán/CIESAS, 2006, pp. 69 a 89
xv) Gran Mitin informativo y de protesta, volante del Consejo Nacional de Huelga, septiembre de 1968, AHUNAM, MEM, Ramo CE1968, Subramo Volantes, Caja 58, Expediente 316, Documento 49. Durante la ocupación del Casco de Santo Tomás, relataba González de Alba, “desde la Escuela de Medicina los agentes y policías ametrallaron el Hospital Rubén Leñero”, y “empezaron a usar las ambulancias para acercarse a las escuelas y disparar”, Los días…, p. 146 y 147
xvi) Marcha describía un allanamiento en Bellas Artes, para el cual, las autoridades realizaron “un espectacular despliegue de […] ómnibus y camiones policiales, autos rebosantes de agentes de Investigaciones, armamento moderno, walkie-talkie”, porque “tenían noticia de que en los siniestros sótanos de la Escuela Nacional de Bellas Artes, dependiente de la Universidad, los agitadores foráneos recientemente puestos en evidencia almacenaban 'bombas incendiarias' y otros artefactos terroristas”. “Un inútil show policial”, Marcha, Montevideo, 14 de junio de 1968
xvii) Martins, op. cit., p. 177, agrega que los estudiantes detenidos en el campo de futbol de Botafogo fueron apaleados y colocados durante horas sentados en el piso, con las manos en la cabeza
xviii) “Nuestro hospital de campaña”, en Gaceta de la Universidad, Septiembre de 1968.
xix) Selser, “La 'mano blanca'...”
xx) El caso de Guerra, en AGU, Actas del CDU, Sesión del Consejo Directivo Central, 26 de junio de 1968, Acta N° 28, fojas 827 a 832; el de Cabeza de Vaca, en González de Alba, Los días...
xxi) Joao Martins, Movimento estudantil e militarizacão do Estado no Brasil (1964-1968), Tesis de maestría, Sao Paulo, Universidad Estadual de Campinas, 1986, p. 179
xxii) Gregorio Selser, “La 'mano blanca' en Brasil”, Revista Marcha, Montevideo, 25 de octubre de 1968
xxiii) Gregorio Selser, “La ultraderecha brasileña. El caso Para-Sar”, Revista Marcha, Montevideo, 22 de noviembre de 1968
xxiv) Raúl Álvarez Garín, “En octubre de ‘68”, en Revista Zurda, A 20 años del ‘68, Vol. I, No. 4, Número Extraordinario, México, Segundo semestre de 1988, pp. 10 y 11