Ilustración: detalle de Mural de la Secretaría de Educación Pública de México, por Diego Rivera,
Antes de comenzar una nueva respuesta a Fernando Isabella, me parece importante recapitular algunas cuestiones. En su primera columna, Fernando planteaba el siguiente razonamiento para explicar porque continúa el conflicto presupuestal año tras año: dado que la situación A es incontestable (que representaría hechos objetivos de la economía, por ejemplo el nivel del gasto público en educación), entonces solamente es posible que se dé la situación B (razones puramente políticas estarían detrás del reclamo presupuestal). Luego de mi respuesta, Isabella cedió en ciertos puntos, se defendió en algunos y contragolpeó en otros. El contragolpe, ya no era para mantener el razonamiento inicial (amparado en lo incuestionable de la realidad), sino para demostrar la importancia que se le dio a la educación en el período de gobierno frenteamplista, a través de la transferencia de recursos públicos. Implícitamente, parece que el discurso de la insuficiencia presupuestal ya no es “la magia de la alquimia invertida”, sino que puede (y debe) ser algo debatible y legítimo. Intentaré en esta columna, continuar fundamentando que además, hace a la lucha presupuestal necesaria.
Existe una mención explícita a la Cooperativa COMUNA cuando dice: “sería muy importante que, conociendo la cercanía a algunos sindicatos de la educación que tiene la cooperativa La (el nombre no lleva artículo) Comuna, que Hugo integra, dijeran claramente algunas cosas en las que nos hemos puesto de acuerdo” que me parece desatinada y fuera de lugar. Primero porque con aciertos y errores siempre hemos sido explícitos en nuestras posturas cuando hemos salido en prensa, -un ejemplo de análisis hecho por COMUNA en esta rendición de cuentas puede verse en la nota que escribieron mis compañeros Martín Jauge y Martín Sanguinetti publicada en el semanario Brecha el día 23-06-17 http://brecha.com.uy/una-decision-politica/-. Segundo, hacemos explícitos nuestros planteos en todas las instancias de encuentro con todos los sindicatos y cooperativas con quienes trabajamos, ya sea en instancias de formación, documentos, etc. Esto no quiere decir que las organizaciones adopten acríticamente nuestro discurso, nosotros no decimos a las organizaciones “qué decir” o “qué hacer”, las asambleas y las instancias democráticas orgánicas cotidianas son las encargadas de hacerlo, nuestro trabajo es tan sólo aportar insumos que sirvan a tomar posición. Asumir que un grupo le baja línea a las organizaciones, es faltarles el respeto.
Fernando entró de lleno en su columna a la discusión metodológica. Debo aclarar que mi intención original cuando escribí mi columna anterior era intentar demostrar que no es tan claro que este sea el gobierno que más recursos destinó a la educación, y que la insuficiencia de recursos puede ser medible. El centro no debería pasar por una polémica sobre metodologías usadas. Dado que Fernando no citó fuentes en su artículo, era difícil saber a qué se refería, o en qué se basaba para hacer afirmaciones. Sin ánimo de extenderme en esta dimensión de la discusión debo comentar algunas cuestiones. Mi acusación del error metodológico de Fernando, partió de una intuición al comparar las series estadísticas públicas de OPP y el IECON que toman al gasto público social y al presupuesto con dos formas diferentes. La primera con el gasto por incisos y la segunda según el área programática. En dicha comparación da que la suma del gasto en ANEP y UdelaR es mayor en la mayoría de los años al presupuesto del área programática educación (al revés de como debería suceder dado que en la segunda serie se toman más cosas además de ANEP y Udelar) hasta 2007. Eso me lleva a concluir que la comparación temporal no es del todo exacta, igualmente este punto no es central en mi argumentación [1].
Luego, Fernando discute la pertinencia de usar el indicador que yo propongo, tomando el gasto por matriculado en relación al PIB per cápita. La idea de usarlo no es mía, sino que la utiliza el INEED en su informe de este año, refiriéndose a su vez a una recomendación de la UNESCO. Las razones para usarlo, tienen que ver con que ajusta mejor el esfuerzo económico que realiza un país para la financiación de la educación, teniendo en cuenta la necesidad de cobertura educativa que está reflejada en la relación de matriculados con la población total.
Un país puede destinar mucho del PIB a la educación, pero con una cobertura mucho mayor que otro (que puede traducirse en mayor demanda de financiamiento), por lo tanto el presupuesto educativo no se reflejará en la práctica tanto como el ratio entre gasto educativo y PIB podría reflejar. En 1970 este indicador era del 19,4%, mientras que en 2015 era el 17,15%. Cabe aclarar que el nivel en el año 1970 (previo al comienzo del deterioro presupuestal iniciado por la dictadura) no obedece a un hecho aislado, sino que es el resultado de un proceso iniciado en la década del 60 donde se expandió la matrícula de estudiantes en secundaria, la creación de FENAPES y una intensificación en el proceso grande de luchas presupuestales [2]. Esto implica que a pesar de que se destina mayor parte del PIB, con un producto mayor, en términos relativos con la necesidad de financiamiento de la época, no es indiscutiblemente cierto que los gobiernos del Frente Amplio hayan sido los gobiernos que más recursos destinaron a la educación.
En otro punto Fernando propone tomar el gasto real por alumno. En el informe citado del INEED, también se toma este indicador. El problema es que Fernando no menciona algunas de las cosas que la evolución del ratio nos dice, por ejemplo que el gasto real por estudiante descendió en 2015 con respecto a 2014. Esto fundamenta mi posición sobre la relación entre gasto público y desaceleración del PIB. En el informe se puede ver cómo el gasto real por alumno se comportó por niveles. Tanto en el plan CAIF, educación inicial pública, educación primaria y educación media, el gasto real por estudiante descendió de 2014 a 2015.
Por último, podría tomarse como un indicador de la insuficiencia presupuestal la comparación entre el pedido presupuestal elaborado por ANEP para el quinquenio, y lo asignado por el Poder Ejecutivo. Contando al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, el Poder Ejecutivo asignó tanto en 2016 como en 2017, el 28% de lo que pidió la ANEP (no los sindicatos) en base a los pedidos presupuestales de sus consejos para estos años. Para esta rendición de cuentas, la relación entre el pedido de ANEP y la asignación que ofrece el Poder Ejecutivo en su anteproyecto, continúa igual, cercana al 28%. De los $8.660 millones para 2018 que pidió la ANEP como incremento presupuestal, el Poder Ejecutivo le asignaría solo $2.434 millones. Cabe destacar que una parte del incremento que ofrece el Poder Ejecutivo ($943 millones), proviene de la postergación del gasto realizada el año pasado.
En otro orden de cosas, Fernando (reconociendo que en su primera columna había hecho una afirmación exagerada) desarrolla en qué basa su postura al relacionar los paros docentes con la privatización de la educación. En su argumentación, se puede ver que más allá de exageraciones, lo dicho sobre el proceso de aumento de la privatización es por lo menos, irresponsable dado el lugar en el que se coloca al hablar desde la izquierda y el cargo que ocupa en el gobierno. Además de los factores que desde el Estado se realizan (o intentaron realizar) para favorecer la educación privada que dije en mi columna anterior, solamente me gustaría añadir otra hipótesis. Existe otra causa que explica el aumento en la matriculación de la educación privada, y tiene que ver con el aumento de la matriculación en la educación en general y la diferencia en el nivel de recursos que capta la educación pública y la privada. Teniendo en cuenta que la proporción del total de alumnos que concurre a la educación pública con respecto a la privada es básicamente la misma por lo menos desde 2002, el aumento en la matrícula que ha existido en estos años generó un aumento en términos absolutos del número de estudiantes en enseñanza privada. Si además le sumamos el rezago presupuestal de la educación pública, y la diferencia en el gasto por estudiante, existen incentivos para quien pueda pagar de pasarse de un sistema saturado a uno que no.
Finalmente, Fernando plantea que la defensa de su postura, es básicamente la defensa del Frente Amplio y de la posibilidad de seguir manteniendo un gobierno de izquierda en nuestro país. Comparto con Fernando que el Frente Amplio es la mayor construcción política de la izquierda uruguaya hasta el momento. No obstante, entiendo que esta construcción no se dio por arte de magia, sino que fue el resultado de procesos y de luchas que fueron convergiendo en una convención sindical, un congreso de las organizaciones del pueblo, y en última instancia una forma política común que expresaba ser coalición y movimiento. Sin la impugnación y la lucha de las fuerzas populares en diferentes momentos históricos, no existiría el Frente Amplio. A pesar de que en el período neobatllista se vivió una época de bonanzas, mejoras redistributivas y ampliación de derechos como nunca antes en la historia, existía un Partido Socialista y sindicatos que presionaban por obtener nuevas conquistas. Justamente, la lógica que plantea Fernando negando la movilización de una parte del movimiento popular, es negar al Frente Amplio. La derecha está al acecho, comparto con Fernando, pero si algo nos ha permitido el retraso relativo de esta con sus pares de Latinoamérica, es observar otros procesos. Ni en Argentina, ni en Brasil, puede decirse que su ascenso haya sido por la desestabilización creada por el sindicalismo. Esto debería ser clave para pensar el relacionamiento entre el movimiento social, la fuerza política y el gobierno.
* Hugo Dufrechou es economista, integrante de la Cooperativa COMUNA.
Notas
[1] Para quienes estén interesados, se puede acceder a la series de datos: