Imagen: "Tertulia" , Ángeles Santos.
Cuando nos referimos al término democracia lo primero que pensamos es en su acepción más clásica: la que define como principios rectores la igualdad y posibilidad de ejercicio de derechos, tanto civiles, políticos como sociales. Si partimos de esta concepción y observamos el marco normativo vigente podríamos afirmar que nos encontramos frente a un sistema democrático, en Uruguay las mujeres podemos votar, tener propiedades, ser elegibles, ir a la universidad y desempeñar cargos, entre otras muchas cosas. Implicó un largo camino de lucha el que hoy podamos notar una diferencia entre nosotras y aquellas que no eran consideradas ciudadanas.
Sin embargo no podemos reducir nuestro análisis a la igualdad en términos formales. Cuando una profundiza cuales son las posibilidades reales de ejercicio de cada uno de los derechos reseñados se encuentra que la posibilidad no es tal.
La mirada feminista diluye necesariamente las fronteras de lo privado y lo público trayendo la histórica (y nunca vieja) consigna de lo personal es político. Así, en el análisis de qué implicancias tiene el ser mujer para el ejercicio de derechos, el trabajo no remunerado ocupa un elemento central. Si bien es un trabajo necesario para el funcionamiento de la sociedad, se encuentra invisibilizado bajo su asignación a las mujeres como cuestión natural. Este panorama no excluye a Uruguay, donde independientemente de la situación laboral, las uruguayas dedican muchas más horas a las tareas de cuidado y el hogar con respecto a sus pares masculinos(1).
No es difícil inferir cómo este rol pueda afectar el que las mujeres se encuentren en posiciones de desventaja con respecto a los hombres. En primer lugar por el hecho en sí mismo: debemos dedicarle más horas de nuestra vida a una tarea que se nos fue asignada por el sexo con el que nacimos. Esto es menos tiempo que le podemos dedicar a otras tareas tales como trabajar, militar, estudiar, etc. Luego, por la construcción social y cultural que implica este rol del ser mujer.
Al participar políticamente, las mujeres se enfrentan a lo que se conoce como la triple jornada (trabajo remunerado, trabajo no remunerado y militancia), lo que supone un límite para ocupar lugares en los espacios de toma de decisión, ya sea a nivel de partido o de gobierno. Por ejemplo, en estudios sobre trayectorias políticas se desprende que las mujeres en edad reproductiva optan muchas veces por disminuir su actividad política para conciliarlas con el trabajo no remunerado, a diferencia de los hombres que no ven afectadas sus carreras(2). ¿Podemos entonces hablar de que una mujer se encuentra en igualdad de condiciones que un hombre para participar políticamente cuando tiene muchas menos horas para dedicarle? ¿Podemos asegurar que están dadas las condiciones para que las mujeres participen en pie de igualdad en la toma de decisiones?
Trasladémonos al plano de las candidaturas para ser parlamentarias: las mujeres que logran ser candidatas no solo vencieron los obstáculos de la triple jornada y la invisibilidad a la interna de los partidos, sino que también desafiaron numerosas pautas culturales que establecen que el ámbito de lo público no es para ellas. Una vez adentro, tienen que hacerle frente a formas masculinas de hacer política y esforzarse más que sus pares varones en su actuación legislativa, ya que sienten una constante necesidad de justificar que pueden desempeñarse como legisladoras al igual que ellos. En el Uruguay de hoy estas mujeres solo representan el 20% del parlamento. Son demasiadas si consideramos que pensarse como política desafía los modelos actuales de liderazgo y una historia narrada sin heroínas.
Pero supongamos que contamos con igual número de mujeres y varones en el parlamento, ¿alcanza con esto para que las feministas podamos hablar de democracia? Sin lugar a dudas esto implicaría un avance representativo en términos simbólicos, pero que lo haga en términos sustantivos es cuestión de debate: la participación de más mujeres en ámbitos de decisión no significa necesariamente que más personas representen los intereses y demandas de las mujeres. Sobre este punto basta con recordar todas las parlamentarias que votaron en contra a la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Esta discusión es honda y llena de aristas, desde el preguntarse si es posible este tipo de representación hasta si hay algo llamado “los intereses de las mujeres”, cuestionando los enfoques esencialistas. Lo que es posible afirmar es que la representación simbólica es importante por lo que significa en términos de mensaje: hay mujeres que hacen política y tienen el derecho a hacerlo. Esto a su vez construye otros modelos de ser mujer que tiene que ver con el ejercicio de poder y de ocupar el espacio público.
En este sentido la democracia en Uruguay se encuentra en un debe. Los porcentajes de mujeres ocupando cargos de decisión son bajos y reflejan las múltiples dificultades que deben atravesar si desean participar e incidir en la toma de decisiones.
Por otra parte el discutir sobre democracia desde un enfoque feminista no se reduce a las dificultades para la igualdad de oportunidades. Las feministas buscamos la erradicación del sistema patriarcal, entendiendo al mismo como un sistema de dominación que nos margina y oprime. Es para nosotras por lo tanto, una falacia hablar de democracia cuando existen relaciones de dominación. Esta es la base de la crítica a la teoría clásica sobre democracia, entendida como una teoría de la democracia liberal: con igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, pobres y ricos, heterosexuales y homosexuales(3) la democracia sería posible.
La crítica a la democracia liberal no proviene solo de las feministas y también las hay feministas liberales. El análisis marxista sobre la democracia burguesa señala lo mismo: no se puede pensar en democracia cuando existen relaciones de dominación. En el caso de las relaciones inequitativas de poder entre hombres y mujeres: ¿Cómo podemos las mujeres ejercer nuestros derechos cuando no contamos con autonomía de ningún tipo? ¿Cómo se puede hablar de democracia cuando las mujeres aún somos tuteladas? ¿Cuándo las instituciones del Estado implementan política que responde a una visión patriarcal?
Como mujeres nuestra autonomía se ve soslayada a expensas de situaciones de control y tutelaje por parte del sistema que opera en distintos niveles y a través de diversas formas. Pensemos en las situaciones de violencia basada en género a las que estamos expuestas, que parten de una visión en las que somos propiedad (de nuestra pareja o de un desconocido que nos aborda por la calle), en las que somos inferiores al otro (frente al profesional de la salud en consulta y que ejerce violencia obstétrica), por poner algunos ejemplos. De nuestras parejas escuchamos “así no podes salir” y de nuestros médicos “no estás preparada para la ligadura de trompas”.
Recordemos las declaraciones que se expresaron en el parlamento a la hora de votar una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Uno de los argumentos más escuchados refería a la preocupación de legisladores por la baja tasa de nacimientos y el envejecimiento poblacional de Uruguay. En este marco, legalizar el aborto supondría menos nacimientos y por lo tanto empeoraría este panorama. Bajo el grito de “se precisan niños para amanecer” nuestros úteros son objeto de política poblacional.
Somos excluidas de tomar decisiones con respecto a nuestras vidas y nuestros cuerpos, ya sea porque se alude a que no somos capaces de hacerlo, porque somos vistas como objeto o porque somos consideradas inferiores a otros. Se hace imposible hablar de democracia cuando ni siquiera se nos considera a las mujeres como sujetas de derecho.
En otro plano, democracia también es participación en términos colectivos. El contar con organizaciones sociales que demanden de acuerdo a sus intereses y que luchen por las transformaciones necesarias es uno de los pilares básicos de la democracia participativa. En este sentido, el movimiento feminista uruguayo se encuentra desde hace unos años en dificultades. La creciente institucionalización de organizaciones y feministas supone un riesgo a la autonomía del movimiento. El intento de reducción del Estado en la gestión de política pública supuso un involucramiento de organizaciones sociales (entre ellas feministas o de mujeres) para su gestión. Asimismo, con la asunción del Frente Amplio al gobierno numerosas feministas ingresaron al Estado.
Esto ha generado un debilitamiento en el accionar del movimiento. En primer lugar por contar con menos compañeras con acumulado y capacidades al frente del mismo. En segundo, por la pérdida de autonomía para la reivindicación de demandas. ¿Qué capacidad de demanda hacia el Estado tiene una organización que implementa políticas públicas? ¿No depende su sustento de aquel mismo aparato al cual cuestiona? Lo mismo sucede con las feministas en cargos políticos en el gobierno. Parece difícil marchar exigiendo los cambios y ser responsable a la vez.
Existen intentos actuales de lucha feminista que parecen fortalecer un movimiento autónomo. El Primer Encuentro de Feminismos uruguayo autoconvocado en el año 2014 y la posterior formación de la Coordinadora de Feminismos del Uruguay son reflejo de una pujante necesidad desde una pluralidad de organizaciones y feministas independientes de buscar un lugar desde donde hacer política feminista.
Volver a ocupar las calles un 8 de marzo, bajo la consigna “Día de Lucha” y movilizarnos multitudinariamente por el “Ni una Menos” son algunas de las acciones que se han llevado a cabo y que buscan ocupar el espacio público con banderas autónomas de reivindicación.
Por último, si tratamos el tema de democracia y feminismo no se puede dejar de mencionar la problemática existente entre el respeto a la multiculturalidad y la defensa de los derechos de las mujeres. Queda claro que la democracia implica el respeto por la pluralidad de pensamientos, culturas, religiones y manifestaciones, pero el límite entre esto y la vulneración del ejercicio de los derechos de las mujeres es un tema en debate. Hay puntos en donde no puede existir duda: la mutilación genital femenina es una práctica cultural pero que resulta inconcebible y que debe ser erradicada. Sin embargo existen otras prácticas culturales o religiosas donde la cuestión de si avasalla los derechos de las mujeres o si su rechazo reside en una mirada colonizadora entra en tensión.
La utilización de los velos en la religión musulmana es un ejemplo de ello. Son muchas las feministas que afirman que el velo es un símbolo de opresión de las mujeres y que no deberían usarlo. Otras cuestionamos estas miradas de tutelaje de las feministas occidentales afirmando que también puede ser una decisión. En este sentido es necesario recordar las nuevas estrategias impulsadas por algunos Estado-nación: implementar en nombre de los derechos de las mujeres o de la comunidad LGBTI políticas xenofóbicas(4). La prohibición del uso del velo en varios países de Europa (sobre todo Francia) y las propuestas de medidas islamofóbicas como primera respuesta a la tragedia de Orlando son algunos ejemplos.
No es necesario ir tan lejos: en Uruguay se hicieron múltiples referencias en medios de comunicación sobre refugiados sirios que golpeaban a sus parejas uruguayas, señalando lo “barbárico” de su cultura. Resulta increíble pensar que con los índices de violencia basada en género y más concretamente con los casos de feminicidios que ocurren en Uruguay podamos atribuir responsabilidades de estas situaciones a una cultura determinada, que de casualidad pertenece a pueblos con inmigrantes en el país.
Las feministas tenemos aquí uno de los desafíos más importantes de los próximos tiempos: el no permitir que utilicen nuestras reivindicaciones para justificar las bases de dominación de unos pueblos sobre otros y de unas personas sobre otras. Recordando que el sistema de dominación opera en diversos ejes sociales y que si solo cuestionamos uno de ellos, nos encontramos luchando contra el sistema que afecta a las mujeres blancas, heterosexuales, no pobres de occidente. Para alcanzar la democracia en tanto poder del pueblo, indefectiblemente es necesario combatir cualquier grupo que pretende ejercer el poder sobre otro.
En la transición democrática el sentir común del movimiento feminista y de otros movimientos sociales se encontraba representado en la lucha antidictatorial. Hoy el panorama no está tan claro. Si bien algunas identificamos en la figura de un sistema que es capitalista, heteropatriarcal, racista y xenófobo el enemigo a combatir, otras personas y organizaciones mantienen el pensamiento fragmentario de las luchas.
El feminismo uruguayo no escapa a este debate, pero ya sea porque no existen las garantías de igualdad en el marco de una democracia liberal o en el plan de desafiar todo el sistema, todos los feminismos cuestionan la afirmación de que vivimos en democracia. Tal como plantea Carole Pateman “para las feministas la democracia no ha existido jamás”(5) y el intento por hacerlo es lo que nos mantiene en lucha.
*Maru Casanova es politóloga, feminista e integrante de las organizaciones Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) y Colectiva Amatista.
(1) Ver Encuestas sobre uso de tiempo del Instituto Nacional de Estadística (INE).
(2) Pérez, Verónica (2011): Entre lo público y lo privado. Género y ambición política en el Cono Sur. Tesis deMaestría en Ciencia Política. UDELAR.
(3) Utilizo términos dicotómicos para reflejar que no se cuestionan las categorías en sí.
(4) Los términos utilizados para describir estas acciones son “purplewashing” y “pinkwashing” respectivamente.
(5) Pateman, Carole (1990: 7): Feminismo y democracia. En “Debate feminista”, Vol 1.