Hemisferio Izquierdo (HI)- Una de las características más notorias de la coyuntura política latinoamericana es la fuerte relación entre medios masivos de comunicación y ascenso de las derechas, a través de procesos de desestabilización de los gobiernos de izquierda o progresistas (tanto en Venezuela, como en Brasil, Argentina o Ecuador). ¿Cuál es la situación de la relación entre medios, masas, política y democracia en Uruguay?
Mariana Abreu (MA): Los medios y la política son inseparables. En Uruguay y en todos lados.
Sea el noticiero elegido concienzudamente para hervir la sangre o cualquier cosa que distraiga mientras uno se desparrama en el sillón, incluso a través de sus expresiones -aparentemente- más ingenuas, los medios masivos moldean subjetividades. ¿Puede algo ser más político?
Hay dos formas de advertir la posición ideológica de un medio de comunicación, la más rápida es saber a quién pertenece, la otra es prestar atención a sus contenidos. Basta echar una mirada fugaz a los portales de noticias. Lo intento ahora mismo. Paseo por los titulares de los sitios de actualización frecuente y, en busca de lo evidente, clickeo un par ubicable en las antípodas ideológicas.
Son casi las 19 del sábado 25 de junio. La principal noticia para La Red 21 (de La República) es que según el economista Ernesto Talvi "Uruguay no se encuentra frente a nada que configure ni de cerca una crisis". Por su parte, El País pretende abordar “el futuro del Reino Unido en 4 preguntas”. El segundo titular de La Red 21 refiere al aniversario de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y el de El País a la liberación de Pablo Goncálvez (de la que pasaron casi tres días). En tercer lugar el portal de La República destaca que un integrante del gobierno venezolano considera a Tabaré Vázquez “como un amigo de la revolución bolivariana”, y El País que “Entre dietas y una nueva casa, Gucci busca el amor”.
En ambos sitios la jerarquización de las noticias habla por sí sola. Respecto de los títulos con mayor destaque, en el medio oficialista la referencia ideológica es clara. Una de las principales amenazas para este gobierno es el descontento popular derivado de una crisis económica, posibilidad descartada en el primer titular. El tercer título también es ilustrativo, advierte que el presidente uruguayo es “amigo” de la política de Venezuela, en momentos en que el posicionamiento de su correligionario, Luis Almagro, es duramente cuestionado por la izquierda.
Ninguna de las tres primeras notas de El País son de política local. Para este medio, salvo que un asesino pseudoserial salió de la cárcel, no hay en Uruguay mayores novedades que la situación sentimental del que carga “120 kilos de sabor”. Aquí comienza otro capítulo, la cultura de la banalización, eso también es política. Pero no hay demasiados caracteres, sigo. Busco el primer titular de la sección Información de El País. Aquí está: “A Vázquez se le 'cae la cara de vergüenza' por algunos reclamos”.
Los medios masivos toman partido, independientemente de las pretensiones de veracidad que puedan o no tener. Apoyan o detractan gobiernos, pugnan por el cambio social o por perpetuar el orden establecido. En Uruguay, como en los países de la región, el grueso de los grandes medios se concentra en manos de pocas familias, formando oligopolios que responden mayoritariamente a los intereses de la clase dominante. Al privilegio de comunicar (y las asimetrías que en sí mismo acarrea), se suma entonces la articulación entre poder económico y poder mediático.
Hay otra cosa que decir. El poder mediático no es absoluto ni determinante. Hace falta algo más que un grupo de medios para desestabilizar un gobierno. En todo caso éstos podrán jugar un rol (para nada despreciable) en procesos sociales y políticos en los que confluyen diversas variables.
Amén de que los medios son capaces de formar opinión, más con cuentagotas que de inmediato, el pueblo no es algo que se pueda hipnotizar desde una pantalla. Por mi parte, no creo en la estupidez de las masas, ese concepto amorfo donde parece que no hay sujetos.
HI- ¿Qué valoración hace de la política de medios impulsada por el progresismo en Uruguay y qué líneas de acción se deberían impulsar para transformar la situación actual en un sentido democratizante?
MA- Poner límites al poder mediático no siempre es antidemocrático. Ni significa, necesariamente, atentar contra la libertad de expresión. No si se entiende por democracia y libertad de expresión algo más que unos pocos diciendo en nombre de todos, o la concentración de fortuna de los grandes grupos de medios.
Sobre la política de medios del progresismo, no estoy convencida de que tal cosa exista. Lo que sí existe es una ley que fue aprobada en 2014 y sigue sin reglamentarse.
En la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se pueden diferenciar, a grandes rasgos, dos ejes. Uno va en dirección a limitar la propiedad, la concentración de medios y a hacer más transparente la información referida a la asignación de frecuencias y propietarios. Celebro estas consideraciones y las que se hagan en ese sentido.
El otro eje tiene que ver con los contenidos. Algunos artículos, por ejemplo, establecen que exista una proporción de producción nacional, un tope en los minutos de tanda publicitaria o que sean transmitidos los eventos de interés general, como determinados partidos de la selección. Un apartado se dedica a la protección de niños y adolescentes, su derecho a la privacidad (violentado a diario) y a la regulación de la publicidad dirigida hacia ellos. Creo que todo esto es bastante razonable y no presenta mayores complejidades. Agregaría que habría que dar más incentivos a la producción nacional para que pueda existir y, al menos en lo que refiere a los niños y adolescentes, la normativa debería contemplar también a los medios digitales (esta ley no regula internet).
Hay otros fragmentos de la norma que me hacen ruido. El que refiere a la discriminación dice así: “Los servicios de comunicación audiovisual no podrán difundir contenidos que inciten o hagan apología de la discriminación y el odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, sea motivada por su raza, etnia, sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad, identidad cultural, lugar de nacimiento, credo o condición socioeconómica”.
Basta prender la caja boba para advertir que ningún presentador de noticias dice que hay que discriminar a los pobres o ningún humorista que hay que violar y matar mujeres. La violencia simbólica que ejercen los medios de comunicación, esa que abona el terreno para la que hace estragos, es sutil, sistemática, y también, debe decirse, no siempre malintencionada. Cualquier regulación en este sentido resultará inútil, o tan exhaustiva que nada podrá decirse. Además, ya conviven armoniosamente los discursos políticamente correctos y las realidades profundamente violentas, ¿quién quiere más de lo mismo?
Por otro lado, el criterio que se debería aplicar en las cuestiones de contenidos no es el de restringir, sino el de extender. El problema de la libertad de expresión no es que ofenda, sino que sea privilegio de pocos. El Estado debería extender a la mayor cantidad de voces la posibilidad de expresarse en relativas condiciones de igualdad. También a aquellos cargados de estigmas por quienes ostentan hoy el privilegio de comunicar. Si la libertad de expresión es un derecho, así como acceder a la información y a la cultura, entonces, que no esté sujeta a las reglas del mercado. En este sentido es donde el Estado, desde lo normativo, debe actuar.
Los espacios de socialización (desde la familia hasta los centros educativos) y la organización social pueden hacer más por la construcción del espíritu crítico en los sujetos, a los que les toca criticar, desagregar, resignificar y construir los mensajes.
* Mariana Abreu es comunicadora. Periodista colaboradora en Brecha. Integra el colectivo Zur.